Redacción - La Estrella

Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de Arica, detuvieron a una pareja acusada de la muerte de su hija de seis meses, ocurrida en agosto de 2022. Los imputados, un hombre de nacionalidad venezolana de 33 años y una mujer chilena de 38, fueron arrestados luego de que la investigación reuniera antecedentes suficientes para acreditar la presunta responsabilidad de los sujetos en el crimen. PARRICIDIO

En la audiencia de formalización realizada este martes 1 de abril, el Juzgado de Garantía de Arica decretó la prisión preventiva de ambos imputados, identificados con las iniciales E.G.B. y K.D.F.B. La medida fue solicitada por la Fiscalía, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El magistrado Rodrigo Urrutia Molina ordenó el ingreso de E.G.B. al Complejo Penitenciario de Acha y de K.D.F.B. al Complejo Penitenciario Femenino de la ciudad, además de fijar un plazo de 90 días para la investigación.

Según los antecedentes del caso, la menor sufrió reiteradas agresiones, incluyendo fuertes sacudimientos, lo que le provocó graves lesiones. En el hospital, los médicos diagnosticaron Síndrome del Niño Sacudido, una condición asociada al maltrato infantil que terminó por causarle la muerte. La investigación estableció que las lesiones eran consecuencia de una violencia sostenida en el tiempo, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la detención de los padres.

90 días es el plazo que se estableció para la investigación. Ambos padres permanecen en prisión preventiva.

Un operativo focalizado, desplegado por la sección OS9 de Carabineros en diversos puntos estratégicos de Arica, culminó con la detención de seis individuos, todos mayores de edad y con un historial delictual previo. La acción policial permitió desarticular puntos de microtráfico y poner tras las rejas a personas con órdenes de detención vigentes, los cuales, eran sujetos de interés e investigados por los efectivos policiales.

El despliegue, ejecutado en distintos horarios y ubicaciones de la comuna, se centró en la investigación y recopilación de información en zonas de alta incidencia delictiva, georreferenciados y focalizados en base a la denuncia de los mismos pobladores, labor que permitió detener A R.A.R.R., chileno de 27 años, M.W.C.G., chileno de 47 años, C.E.C.G., chileno de 45 años, F.A.F.V., peruano de 29 años, C.R.A.V.E., chileno de 37 años y a J.S.P.P., chilena de 21 años, todos con un nutrido historial delictual.

Desde Carabineros de Chile destacaron que el operativo constituye un avance significativo en la lucha contra el microtráfico y otras actividades delictivas que afectan a la seguridad pública de la región. Asimismo, recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen, ya que las denuncias realizadas por los residentes de las comunidades fueron clave para el éxito de la intervención.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede regional de Arica y Parinacota, realizó esta mañana la ceremonia de presentación del Informe Anual 2024 sobre la situación de los derechos humanos en Chile. El evento se desarrolló en el Auditorio Carlos Herrera del Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá, con la participación de autoridades regionales, académicos, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil.

Carlos Baeza, jefe regional del INDH, fue enfático al destacar la importancia del documento y su relevancia para los desafíos actuales del país. "Este informe no es solo un diagnóstico. Es una hoja de ruta para avanzar en justicia, dignidad y protección, especialmente en territorios como Arica, donde la seguridad y el acceso a derechos básicos se viven con mayor urgencia", afirmó.

Entre los temas abordados, el informe destaca la situación crítica en materia de seguridad personal, señalando que regiones como Arica y Parinacota presentan las tasas más altas de homicidios a nivel nacional. "Las políticas públicas deben incorporar con urgencia una mirada desde los derechos humanos. No podemos normalizar que nuestras comunidades vivan con miedo o que la respuesta al delito sea meramente punitiva", subrayó Baeza.

Otro eje relevante fue la situación de los asentamientos informales y el derecho a la vivienda adecuada. El informe revela que más de 9.000 familias podrían enfrentar desalojos en el corto plazo y que solo el 41% de los hogares en campamentos accede a soluciones habitacionales. "El Estado debe avanzar hacia una respuesta estructural que garantice el derecho a la vivienda, más allá de lógicas subsidiarias que ya han demostrado ser insuficientes", dijo Baeza.

El documento también alerta sobre la falta de protección efectiva a personas defensoras de derechos humanos, particularmente en zonas fronterizas. A pesar de avances como el Protocolo de Protección, aún no existe una ley que salvaguarde esta labor. "Defender derechos humanos no puede seguir siendo una actividad de riesgo en Chile. Urge una legislación que proteja a quienes levantan la voz ante la injusticia", enfatizó.

El evento culminó con un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en la promoción y defensa de los derechos fundamentales. "Este informe es de todas y todos. Es una herramienta para exigir, proponer y construir un país más justo", concluyó el jefe regional del INDH.