Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno se refirieron ayer a la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que programó para el jueves 27 de febrero el inicio del desalojo de la megatoma en San Antonio, en la cual viven cerca de 10 mil personas.

El 31 de enero expiraron los dos meses extra que le dio el tribunal a la Delegación Presidencial para iniciar el desalojo del asentamiento ubicado en el Cerro Centinela. En su último fallo, la Corte de Apelaciones resolvió que desde el 27 de febrero esta acción debe llevarse a cabo de forma "razonable" y "paulatina" por parte de la delegación, la Municipalidad de San Antonio y Carabineros a través de una "división cuadricular".

Sobre esta situación el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo a radio Cooperativa que "la particularidad" de esta caso es "que es la toma más grande que tenemos en Chile, por eso, el trabajo que ha estado desarrollando el ministro (de Vivienda) Carlos Montes es tratar de buscar una solución, entre los pobladores de la toma, conjuntamente con los dueños, que permita una solución relativamente satisfactoria. Ese proceso de conversación y negociación sigue en curso".

"Esto no es simplemente el desalojo, la Corte impuso una gran cantidad de condiciones. Si hay personas que provienen de grupos vulnerables, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, deben tener un tratamiento en el desalojo que es bien distinto. Hay que dar una solución para hogares de transición para las personas (...) Eso supone una logística por parte del Estado", agregó.

El ministro Montes dijo que el lunes sostendrán una reunión con los dueños -la Inmobiliaria San Antonio (la cual fue tomada en 2019) "cuyo propósito fundamental es seguir conversando con los propietarios del terreno, porque creemos que este es un problema nacional muy serio" y agregó que a través de informes y conversaciones con las familias están buscando "una solución con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes".

"Nosotros esperamos que el lunes, entre el propietario, los organismos del Gobierno, el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino; esto no es de un día para otro, esto no se ha hecho otras veces. El solo hecho de conseguir los créditos, los recursos, establecer los valores, todo supone un tiempo (...) ojalá el lunes haya acuerdos con los propietarios de un tiempo para buscar construir este acuerdo", comentó. Por su parte, el abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira, dijo a Emol que no recibieron una invitación formal del Gobierno para la reunión del lunes.

La Contraloría le solicitó a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la que es dependiente del Ministerio de Ciencias, que informe los detalles del curso denominado "Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado", financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).

El curso, que ha sido duramente criticado, dice en su inscripción -realizada en enero- que "durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, la represión estatal hacia la población civil movilizada incluyó el uso desproporcionado de la fuerza, generando múltiples afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias en el tejido social" y señala que su fin es "generar herramientas prácticas y teóricas que permitan enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado en contextos contemporáneos".

Ante ello, la Contraloría le solicitó a la ANID el código de los proyectos vinculados con esta iniciativa u otras de igual naturaleza; la descripción de los objetivos generales y particulares de la escuela; el presupuesto al cual se imputó el gasto y las glosas presupuestarias relacionadas; el periodo de ejecución de la iniciativa; el monto asignado, montos y fechas de las transferencias, entre otras peticiones.

Para ello dio a la ANID un plazo de cinco días hábiles.

El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra el exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (exRD), quien era indagada por una presunta omisión de denuncia por los convenios firmados entre el Minvu y la fundación Democracia Viva.

Según consignó La Segunda, la Fiscalía concluyó que no existían antecedentes para imputar responsabilidad penal a la exsubsecretaria, quien fue removida de su cargo hace 20 meses tras salir a la luz las presuntas irregularidades de Democracia Viva.

Ante el cierre de la investigación, Rojas dijo en una misiva publicada por ese medio que "no existe ningún antecedente para sostener mi responsabilidad (...) Dejé mi cargo asumiendo un costo político y personal por toda esta situación. Ha quedado demostrado que no tuve conocimiento de ningún antecedente sobre la comisión de un delito y tomé todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos".

Esta noticia se dio a conocer seis días después que el Ministerio Público comunicó que no perseverará en la investigación contra el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, a raíz de este mismo caso, por el que se acogió a trámite el desafuero de la diputada del FA, Catalina Pérez.