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A lo largo de la historia, los reyes y señores feudales gobernaban sus tierras como si fueran dueños absolutos, exigiendo obediencia sin atender las necesidades básicas de sus súbditos. Aunque el mundo ha cambiado radicalmente, pareciera que algo de ese antiguo orden feudal ha perdurado en la política actual, donde muchos políticos actúan como auténticos monarcas.

Tal como los reyes traspasaban el poder dentro de su dinastía, asegurando que el mando quedara en manos de hijos, nietos, esposas o familiares cercanos, en la política moderna observamos una práctica similar: los cargos públicos se heredan o se distribuyen entre un círculo estrecho de poder, sin tomar en cuenta el sentir de los ciudadanos.

Muchos de estos políticos permanecen en los mismos puestos durante años, disfrutando de privilegios que los alejan de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Al igual que los antiguos señores feudales, imponen reglas para el pueblo mientras se resguardan en sus "castillos modernos": inmunidades, sueldos exorbitantes y una lista interminable de beneficios de los cuales no están dispuestos a desprenderse.

Un ejemplo claro de esta realidad son las asesorías pagadas con fondos públicos, los pasajes y viáticos cubiertos, y otros beneficios. Lo más alarmante es que muchos de esos asesores se vuelven indispensables porque quienes ocupan cargos públicos no tienen las competencias necesarias para ejercerlos.

Y lo peor es que, en muchos casos, esos mismos asesores tampoco están capacitados, ya que fueron nombrados a dedo como parte de favores políticos o amistades, sin importar si cumplen con los requisitos para el cargo y sin importar si hacen la pega o no.

Además, los privilegios no se limitan a los propios políticos, sino que se extienden a sus correligionarios y familiares, creando una red de influencias que perpetúa este sistema corrupto. Mientras ellos aseguran su bienestar, somos los ciudadanos quienes pagamos el precio.

Para mantener este esquema de prebendas, no dudan en aumentar una y otra vez los impuestos, cargando a los ciudadanos con el peso de financiar sus privilegios y los de sus allegados. No les importa el impacto que esto tiene en una economía que se vuelve cada vez más asfixiante para quienes no gozan de los mismos beneficios.

Es evidente que no están dispuestos a renunciar a estas ventajas, ya que ellos mismos tendrían que legislar para eliminarlas. Renunciar a estos privilegios sería poner en riesgo su propia comodidad, una posibilidad que ni siquiera contemplan.

Hoy, más que nunca, es necesario un cambio radical. Debemos elegir a personas dispuestas a recuperar el sentido común: reducir el inmenso gasto del Estado y devolver a la ciudadanía el dinero que hoy se les quita a través de impuestos excesivos. Solo con este cambio lograremos avanzar hacia una política que represente verdaderamente a la gente, y no a los intereses de unos pocos.

Sin embargo, la responsabilidad también recae en los propios ciudadanos. Al momento de votar, muchos no aplican el mismo rigor que usarían para contratar a un empleado, revisando su currículum, experiencia y competencias. Es hora de que asumamos esa responsabilidad y exijamos a quienes nos gobiernan la misma eficiencia y compromiso que cualquier empleador esperaría de sus trabajadores.

Atentamente

Rayko Alejandro Karmelic Pavlov