El director del Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública de la Universidad Estatal de Iowa (EE.UU.), James Roth, instó a los gobiernos del continente americano a financiar adecuadamente sus servicios públicos veterinarios para garantizar la bioseguridad y mantener sus exportaciones agropecuarias.

"La bioseguridad es un tema extremadamente importante, que debe ser tomado seriamente. Una vez que una enfermedad ingresa, todas las exportaciones de productos de origen animal de un país están en riesgo", afirmó.

Por ello, advirtió que es clave que los países mantengan servicios públicos veterinarios de alto nivel, bien financiados y con profesionales muy bien entrenados, y que también los veterinarios del sector privado estén capacitados para dar respuestas rápidas en caso de brotes de enfermedades que pueden expandirse rápidamente.

El especialista afirmó que en la actualidad el continente tiene una buena situación fitosanitaria en los principales países productores y exportadores de proteína animal, pero debe estar preparado para responder muy rápidamente a eventuales brotes de enfermedades.

Roth advirtió que la situación de los pequeños productores es determinante para el comercio exterior, ya que si sus animales se infectan pueden perderse todas las exportaciones.

Agencia EFE

La organización ambientalista Greenpeace ganó un caso judicial contra el Estado neerlandés, obligando al Ejecutivo a tomar medidas para reducir antes de 2030 las emisiones de nitrógeno del campo y la construcción en la naturaleza, o deberá pagar una multa de 10 millones de euros.

El tribunal del distrito de La Haya exigió al gobierno tomar más medidas para reducir las emisiones de nitrógeno y lamentó que no haya desarrollado un plan práctico para cumplir con los objetivos de 2030, después de eliminar puntos clave de la política anterior. Por tanto, impuso una si no se logra alcanzar los objetivos de 2030.

Dentro de cinco años, el 50% de las áreas Natura 2000 -una lista de más de 150 espacios vulnerables- no deben estar sobrecargadas de nitrógeno.

Una de las críticas de la Justicia se centró en que el gobierno, una coalición de derechas, incluido el partido que defiende los intereses del campo (BBB), haya revertido las medidas adoptadas en los últimos años por el gabinete anterior de Mark Rutte, quien destinó más de 24.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de nitrógeno, lo que el gobierno actual redujo a 5.000 euros.

La ONG denunció que la política de nitrógeno del Ejecutivo es insuficiente y lo llevó a los tribunales para obligarlo a implementar políticas más concretas y drásticas en la agricultura y la industria, lamentando que los objetivos establecidos ya para 2025 no van a ser alcanzados por la falta de acción.

El tribunal escuchó a las partes en noviembre. Greenpeace pidió a los jueces que declaren la totalidad de la política de nitrógeno como "insuficiente" debido al exceso de estos gases en áreas de naturaleza protegidas que se están deteriorando, y exigió cumplir "al menos" sus propias reglas y objetivos de reducción. Estos están "muy lejos de lograrse", según un estudio de varias organizaciones.

Los representantes del Estado alegaron que el Gobierno está ya haciendo "mucho" para reducir las emisiones y que no se le puede exigir "lo imposible", puesto que los objetivos más ambiciosos son "inalcanzables y poco prácticos", aseguró, citando un informe del Instituto Nacional de Salud Pública.

Usando un enfoque gradual, sería necesario reducir en 4 millones el número del ganado, puesto que las emisiones de nitrógeno tendrían que retroceder a los niveles de 1939. Pero si el gobierno considera que los objetivos son inalcanzables, Greenpeace pide "salvar lo que se pueda salvar".

El nitrógeno en sí no es perjudicial, pero la deposición excesiva en la naturaleza de dos de sus compuestos -el amoníaco (principalmente de la ganadería intensiva por el estiércol, la orina animal y los fertilizantes) y los óxidos de nitrógeno (de la combustión a alta temperatura en fábricas o motores)- provoca acidificación y daña la naturaleza.

Los esfuerzos por reducir estas emisiones han desencadenado protestas del sector ganadero del país, lo que culminó en la creación de BBB, un partido que integra la coalición gobernante y que busca limitar el impacto de las medidas contra el nitrógeno, que debe reducirse tras varios fallos, como del Tribunal de Justicia Europeo en 2018.