Redacción - lLa Estrella

Este martes 19 de noviembre, se leyó el veredicto condenatorio en el juicio oral contra la organización criminal conocida como "Los Gallegos". Tras presentar diversos medios de prueba, la Fiscalía de Arica logró la condena de 34 de los 38 acusados por diversos delitos violentos. Durante 91 jornadas, la Fiscalía presentó más de 35 testigos, incluyendo la declaración de un agente encubierto infiltrado, así como peritos y pruebas contundentes como interceptaciones telefónicas y videos.

Imputados

Según los datos emitidos por la Fiscalía de Arica, los 38 acusados, 34 venezolanos y 4 chilenos, enfrentan cargos por 22 hechos delictivos. Entre los delitos más graves se encuentran siete homicidios, seis de ellos calificados, ocurridos en 2022. En estos casos, las víctimas fueron enterradas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño. Esta banda habría ejecutado un plan de tres fases para asentarse en Arica, desde identificar a Cerro Chuño como su base de operaciones, hasta consolidar su estructura financiera mediante lavado de dinero.tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestro extorsivo, y trata de personas con fines de explotación sexual agravado.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, destacó la complejidad de la investigación y la dificultad de acreditar la existencia de la organización criminal. "Sabíamos que la acreditación de los delitos iba a ser difícil. La estructura de la organización era compleja y, aunque hemos presentado pruebas contundentes, se nos cuestionó en su momento la existencia misma del grupo", señaló Carrera. juicio

La jueza del Tribunal de Juicio Oral de Arica, Sara Pizarro Grandón, destacó lo extenuante de la jornada, señalando que "tuvimos 22 hechos sometidos a decisión del tribunal con 38 imputados. En lo medular, hubo un cúmulo de pruebas que se rindieron, algunos derroteros jurídicos que fueron aceptados, y otros que fueron absueltos". Además, destacó la colaboración del Ministerio del Interior en el caso, mencionando que "gracias a la injerencia del Ministerio del Interior, pudo haber condenas en esta causa".

El veredicto condenatorio marca un avance significativo en una de las investigaciones más complejas que ha liderado la Fiscalía de Arica.

Este caso, iniciado el pasado 22 de abril, es considerado uno de los más relevantes en el combate contra el crimen organizado transnacional.

Al respecto, el fiscal regional Mario Carrera expresó que, tras más de tres años de arduo trabajo, "estamos cerrando un ciclo", y anticipó que el 6 de marzo se darán a conocer las condenas para los 34 imputados que han sido condenados.

38 fueron los imputados en esta oportunidad, los cuales se encuentran distribuidos en distintos penales del país.

La sesión alcanzó un punto destacado a la absolución de cuatro personas, entre ellas tres mujeres que estuvieron privadas de libertad por más de dos años en el Centro Penitenciario Femenino de Arica, enfrentando cargos que no se acreditaron.

El fallo del tribunal se basó en la labor del equipo de defensores y defensoras penales públicos, quienes en el caso de las mujeres plantearon desde el inicio de la investigación una estrategia basada en la perspectiva de género. Argumentaron que las mujeres absueltas no eran partícipes activas de los delitos imputados, sino víctimas de una organización criminal. Este enfoque fue determinante para desmontar la acusación del persecutor y marcar un precedente en el caso.

La Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota , que representa a 16 de los 38 imputados en esta compleja causa, ha trabajado arduamente para garantizar que el principio de presunción de inocencia prevalezca en el proceso.

El defensor regional, Sergio Zenteno Alfaro, destacó el impacto de la decisión:

"Este fallo evidencia el compromiso de la Defensoría Penal Pública con los derechos fundamentales de las personas. La prisión preventiva, especialmente en contextos de vulnerabilidad como el de estas mujeres, debe aplicada con extrema prudencia Haber pasado dos años privadas de libertad sin pruebas concluyentes es un llamado a reforzar la presunción de inocencia en todos los procesos penales".