Quiborax apelará a la medida cautelar ante rechazo del CDE
Luego del rechazo a la propuesta de la empresa, esperan que Tribunal Ambiental lidere mediación.
Redacción - La Estrella
Mediante un comunicado, Quiborax lamentó el rechazo de su propuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y espera que el Tribunal Ambiental lidere a partir de ahora la mediación, a fin de evitar que con la medida cautelar se paralicen las faenas en el Salar de Surire.
"Como es de conocimiento público, en los 38 años que Quiborax S.A. ha operado en el Salar de Surire, hasta transformarse en la actualidad en la tercera productora mundial de ácido bórico y la empresa más importante de Arica y Parinacota, la compañía nunca ha sido sancionada a nivel regulatorio-ambiental. Aún así, nos hemos sometido, de buena fe, a un proceso conciliatorio con el Consejo de Defensa del Estado, tras la interposición de su demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en el marco de la cual entregamos una propuesta sólida que fue rechazada apenas 48 horas después de haber sido recepcionada", señaló Daniel Ocqueteau, director y gerente legal de Quiborax.
Lo que viene
La compañía minera señaló que continuará intentando extender puentes de acuerdo con el CDE y en ese sentido, espera que sea el Primer Tribunal Ambiental el organismo que pueda liderar y colaborar en un proceso conciliatorio, tal como en el pasado lo ha hecho en otros casos.
"Lo anterior, más aún considerando que nuestra propuesta fue realizada en base a un exhaustivo trabajo de un equipo multidisciplinario liderado por los mejores expertos en materias medioambientales y ecológicas de ecosistemas altoandinos de Chile y, muy probablemente, de Latinoamérica. Creemos que la más elemental y esencial garantía de un proceso -cualquiera sea su naturaleza- es el derecho a ser oído. Eso es lo único que buscamos en esta etapa", mencionó Ocqueteau en el comunicado.
Agregó que pretender la paralización completa de una actividad "sin siquiera conocer la posición en juicio de quien ha sido demandada, representa y configura una vulneración flagrante de principios esenciales de un ordenamiento jurídico en que prime el Estado de Derecho", concluyó.