Contralor: hay 11 denuncias a seremis en Fiscalía por irregularidades en convenios
Bermúdez dijo que hay casos en 15 regiones del país y destacó anomalías en Antofagasta, O'Higgins, el Maule y Biobío.
Matías Gatica Lindsay
El contralor de la República, Jorge Bermúdez, dio cuenta ayer en la comisión investigadora del Caso Convenios de la Cámara de Diputados de una serie de irregularidades en el traspaso de fondos públicos por parte de Gobiernos Regionales y Seremis de Vivienda a organizaciones sin fines de lucro en el marco del programa Asentamientos Precarios de esa última cartera entre los años 2021 y 2023.
En su exposición Bermúdez dijo que son 15 las regiones involucradas en estas irregularidades, que sólo exceptúan a Aysén, y que a su vez hay casos que han sido llevados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
Entre los casos que han sido derivados al ente persecutor el contralor destacó las irregularidades en 11 seremis de Vivienda de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
En total Bermúdez dijo que son 19 las fundaciones y organizaciones no gubernamentales investigadas, entre 2021 y 2023, destacando entre ellas a Democracia Viva en Antofagasta; Arquiduc en O'Higgins; Urbanismo Social en el Maule; y Urbanismo Social y Procultura en el Biobío. En ellas dijo que se faltó al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad.
También destacó que en Tarapacá, Antofagasta y Atacama se detectó la fragmentación de contratos para disminuir montos artificialmente; y que constató que personas contratadas por fundaciones se desempeñan en dependencias del Serviu o del Minvu en Antofagasta y O'Higgins.
Bermúdez dijo que hubo asignación directa de iniciativas de inversión a fundaciones ejecutoras sin fundamentación y falta de exigencia en los planes de trabajo. "Pagar caro no es ilegal, pero si no existen los antecedentes es muy difícil decir si se está pagando caro o barato", afirmó.
Sobre Urbanismo Social en el Maule, el contralor dijo que se exigió la contratación de tres personas con dineros de los programas que se iban a llevar a cabo, lo que afirmó "está acreditado en el informe. Lo que no está acreditado es la responsabilidad, pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba, y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público, porque da cuenta de un tráfico de influencias indebido".
Este caso fue criticado por el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien dijo que "es un hecho gravísimo de corrupción". Su par de Evópoli Jorge Guzmán añadió que "lo más grave está en la contratación de personas que son afines políticamente a la gobernadora regional de la DC (Cristina Bravo) y que además son parientes y familiares dentro del Gobierno Regional".
Respuesta del minvu
Previo a la exposición del informe, el Ministerio de Vivienda dijo que "desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas (...) Se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país"
A ello agregó que "no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas".
Más tarde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "esto tiene que ver con una debilidad institucional, cuyo diseño se originó no en este Gobierno, sino que en el anterior y que da cuenta de una brecha que permite que quienes tengan intenciones de otro tipo puedan defraudar al fisco".
Por su parte el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo a radio ADN que desde el Ministerio Público "hemos encontrado varias situaciones en las cuales hay delitos y ya se ha formalizado investigación en algunas de ellas".