Falta de infraestructura pública en Arica
Una vez más nuestra región se ve golpeada por los avatares de la economía nacional. Hace ya un tiempo a través de notas periodísticas de medios locales y nacionales hemos sabido de la quiebra de una empresa de construcción dejando en suspenso importantes obras de infraestructura a nivel nacional y para la región. En efecto, al menos dos servicios públicos (Dirección Regional de Arquitectura y Gendarmería) además de una corporación de derecho privado de relevancia pública por los servicios que presta (Teletón) se han visto inevitablemente afectados por la declaratoria de quiebra de la constructora Cosal.
La empresa en cuestión acusa la no aplicación del Decreto Supremo MOP N°177 de 17 de octubre de 2022. Este decreto, en lo medular, contempla la facultad de incorporar en los contratos que indica, un mecanismo de reajustabilidad de los estados de pago emitidos en el periodo y condiciones establecidas en dicho decreto, a fin de hacer frente a las consecuencias que generó en las obras la pandemia COVID-19, previa constatación de ciertas condicionantes, la mayor parte de carácter administrativo, y la tramitación de un convenio entre el contratista y el MOP. Así lo reclamado por la empresa es la falta de aplicación del referido decreto por los montos señalados por ella, al menos eso es lo que reporta la prensa. De esta manera, la constructora se vio en la necesidad de declarar su quiebra, afectando con ello las obras en construcción a lo largo del país.
Sin embargo, hay que decir que este fenómeno no es único ni singular. Entre 2021 y julio de 2022, 244 empresas del rubro de la construcción se han declarado en quiebra y durante el primer semestre de 2023 al menos 72 empresas constructoras han utilizado el mismo mecanismo para sortear la insolvencia de sus créditos. Como probables causas de este impactante y peligroso fenómeno se han mencionado el impacto del estallido social de 2019, los efectos de la pandemia COVID-19 que paralizó obras, el aumento del precio de los materiales, la menor disponibilidad de mano de obra con costos al alza, el incremento de la inflación y los problemas crediticios con la banca privada.
Ahora bien, para Arica y Parinacota una crisis de esta naturaleza resulta especialmente grave. Desde la creación de la región de Arica y Parinacota en 2008, el avance en materia de infraestructura pública ha sido lento y difícil, solo como botón de muestra no hay infraestructura suficiente que albergue a los servicios públicos, muchos de ellos se alojan en casa habitaciones de manera desperdigada por la ciudad. Para acelerar el ritmo de crecimiento se consideró necesaria la creación de un Plan de desarrollo de Zonas Extremas (también conocido como PEDZE) en el año 2014 por 4 años y prorrogado en dos oportunidades hasta el 2023 por inicialmente US$1.000.000.-, es decir, voluntad no ha faltado pero dificultades tampoco ¿Cuál ha sido entonces el problema?
Sin querer simplificar la multicausalidad de factores que se pueden atribuir a la situación en análisis, como los ya esbozados más arriba a propósito de la quiebra voluntaria de la empresa COSAL hay un elemento transversal que también resuena y que mencionan los afectados y es la enorme burocratización y los plazos excesivos en la adjudicación y modificación de los contratos que regulan técnica, administrativa y financieramente la ejecución de obras públicas. Incluso si se trata de obras financiadas por fondos FNDR, como en el caso de la construcción del Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, se necesitará modificar el respectivo convenio mandato, se necesitará los respectivos VB según el reglamento de montos, que es sumamente centralizado a medida que aumenta el presupuesto de las obras. En efecto, tratándose de contratos de más de 200.000 UTM, es decir, más de $13.000.000.000.- los documentos de licitación, adjudicación y liquidación deben tener VB del/la Ministro/a de Obras Públicas, así cada uno de estas etapas deberán pasar por intrincados procesos administrativos para ser sancionados administrativamente, produzcan efectos jurídicos y puedan en definitiva ejecutarse.
Así las cosas, la quiebra de COSAL no es un fenómeno aislado que en el caso de regiones extremas como la de Arica y Parinacota afectan con especial énfasis y hacen sumamente difícil recomponerse de este golpe con una rápida respuesta que permita retomar la modesta agenda que al efecto se encuentra llevando a cabo para nuestra región. Se requiere entonces anticipación pues la crisis se veía venir, al menos para eso se dictó el D.S. MOP N°177; descentralización en los procesos administrativos para que una modificación o un traspaso de contrato no demore 6 meses y modernización del Estado para una mejor gestión resultan claves para resolver estos nudos que impiden el crecimiento de nuestra región.
Paula Lepe Caiconte