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Defendemos personas, no delincuentes
Toda persona que enfrenta una investigación penal tiene derecho a tener un abogado defensor y que éste preste la defensa en determinadas condiciones de calidad.
Ello constituye uno de los pilares fundamentales de un estado de derecho.
Significa que esa defensa tiene derecho a participar en el proceso en igualdad de condiciones frente al persecutor penal, y que se preocupará de velar por el respeto de los derechos y garantías de que goza su defendido, especialmente por el respeto a la presunción de inocencia, que dice que nadie puede ser tratado como culpable de un delito mientras no exista una sentencia ejecutoriada emitida por un juez imparcial que lo declare responsable.
Muchas veces se escuchan voces cuestionando que el Estado mantenga una Defensoría Penal Pública, que los "delincuentes" tengan abogado. Dicha crítica se alberga en la idea -errada- de que la defensa es sólo para los "otros", los "no ciudadanos", para gente esencialmente distinta de "nosotros", el resto de la ciudadanía honrada. Nada más lejano a la realidad. La experiencia y los 23 años de la reforma al proceso penal nos ha demostrado que, aunque se pretenda lo contrario, nadie está exento de ser investigado por un delito. No existen grupos o clases privilegiadas en esto. Nadie esta exento de ser objeto incluso de acusaciones falsas o sin sustento, pero que, aun así, se necesita de un abogado defensor. En nuestros más de 20 años de existencia como institución hemos debido atender a todo tipo de persona, sin importar su profesión y condición. Personas que seguramente jamás pensaron tener que recurrir a un abogado de la Defensoría Penal Pública y que pensaban que aquello era sólo para los "delincuentes". Son personas que se ven envueltas en una investigación penal, sean o no finalmente responsables del hecho que se les imputa, que deben ser tratados de forma acorde a las leyes, sin arbitrariedades ni ilegalidades y con respeto a su derecho a ser considerados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
"Muchas veces se escuchan voces cuestionando que el Estado mantenga una Defensoría Penal.."
Sergio Zenteno, Defensor Regional de Arica y Parinacota