En 2019, el valor del pasaje en micro en Arica valía unos $ 400; hoy en día cuesta $ 600. En 2019, en Santiago, reflejando el mayor largo de los viajes, valía $ 700, y costaba el mismo hasta el 20 de agosto recién, subiendo ese día en un modestísimo 1%, a $ 710. El gobierno ordenó el congelamiento de la tarifa en Santiago tras el estallido del 18 de octubre de 2019, y la congeló también en otras ciudades grandes, como Gran Valparaíso y Gran Concepción. Pero no la congeló en Arica o en otras ciudades medianas, como Copiapó y Temuco, en las que el gobierno sostiene que no tiene cómo hacerlo. Esta situación resulta en un creciente subsidio a los pasajeros capitalinos, favoreciéndoles sobre los ariqueños, temuquenses y otros.
El gobierno tiene razón al afirmar que no tiene poderes para controlar la tarifa en ciudades como Arica, pero los ariqueños no debemos seguir soportando ese creciente favoritismo a los pasajeros santiaguinos. Si los pasajeros ariqueños recibiéramos un tratamiento no discriminatorio, seguiremos pagando los mismos $ 400 que en 2019.
Si el gobierno no cuenta con mecanismos de controlar la tarifa ariqueña, entonces deberá buscar otras maneras de terminar con la discriminación en nuestra contra. Me ocurre varias maneras de hacerlo; una de las más sencillas, implantable en el muy corto plazo, consistiría en lo siguiente. Las empresas de transporte colectivo volverían a emitir boletos (lo que deberían seguir haciendo, de todos modos) los que los pasajeros podríamos acumular, llevándolos a un sucursal bancaria cada par de semanas, cambiando cada boleto por $ 200. Los bancos cobrarían a la Seremi de Transportes $ 200 por cada boleto entregado.
Existen maneras más sofisticadas de terminar con la discriminación en nuestra contra, involucrando, por ejemplo, una especie de ¡bip! ariqueña, pero el mecanismo propuesto es sencillo y activable casi inmediatamente.
Ian Thomson Newman
economista de transporte
Arica y Santiago de Chile
