Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, a quien asesinaron en Concón por un terreno tomado. Ella nos dijo bien claro que la ley, tal como está, promueve o incentiva la autotutela, porque su papá intentó sacar a las personas que se lo habían tomado, les explicó a las policías, a la Fiscalía, que estos señores estaban haciendo un negocio de loteos irregulares, que cobraban por metro cuadrado, por colgarse de la luz y el agua, y que el municipio iba y los conectaba, y terminaba incentivando la toma. Él explicó todas esas cosas y el Estado no actuó. Esa inacción es la que motiva a la autotutela.

-Y frente a eso respaldan el proyecto de usurpaciones.

-Queremos establecer la flagrancia permanente -para que siempre se pueda pedir el auxilio de la fuerza pública y no sólo hasta 12 horas tras la ocupación- y las leyes de la legítima defensa privilegiada para que siempre puedas defenderte cuando entre gente a tu propiedad, pero que también puedas llamar a las policías de inmediato para que te vengan a auxiliar. El propietario no se va a convertir en luchador valiente de un momento para otro, primero le va a golpear la puerta al Estado. Y si el Estado no le responde en 30, en 60, en 90 días, evidentemente que va a usar quizás otras herramientas. Cuando Monsalve o Carolina Tohá dicen que esto va a llevarnos a la autotutela, están como adelantando que el Estado no va a ser capaz. Y lo que hemos visto en la votación de la ley, es que el Partido Comunista y el Frente Amplio votan en contra porque dicen que sacar a alguien por la fuerza de un terreno es "criminalizar la pobreza".

-¿Y usted qué piensa sobre eso?

-Si ellos creen que las personas que se toman una propiedad siempre están en estado de necesidad, creo que el Estado tendría que verificarlo. Separar las tomas de las segundas viviendas, loteos brujos, cuando hay un mafioso haciendo negocio, de las personas con necesidad. Y a esas personas sin casa, el Estado tiene que proveerles vivienda, pero no puede obligar al propietario a que aguante una toma por dos, cinco, siete años. Mire lo que ha pasado con las fundaciones, que se suponía que iban a ayudar a los campamentos, conectarlos a agua, ponerle equipos anti incendio, finalmente se robaban la plata y las personas de los campamentos no percibían ni siquiera esa ayuda indirecta del Estado.

Otras controversias

-Los críticos del proyecto sobre porte de combustibles en manifestaciones dicen que "criminaliza la protesta social". Y la ministra Tohá anunció que, de aprobarse, se recurriría al Tribunal Constitucional.

-La ministra tiene que convivir con las dos almas del Gobierno, por un lado Socialismo Democrático vota a favor de los proyectos sobre usurpaciones o porte de combustible en contexto de manifestaciones, y por otro, el Partido Comunista y el Frente Amplio votan en contra. Nosotros vimos cómo se quemó el metro, cómo se destruyeron ciudades. Este proyecto dice que cuando una persona, en el contexto de una manifestación, porta bencina, y la del lado quizás la botella y otra la mecha para hacer la molotov, Carabineros las puede detener y quitarles esas cosas. El nieto mandado por la abuela a comprar acetona para sacarse el esmalte de uñas, que justo va pasando por una protesta, no va a ser detenido.

-También en el oficialismo cuestionan la decisión del Gobierno de instalar una nueva base militar en La Araucanía, y la UDI ha pedido Estado de Sitio en algunos sectores.

-Mire, primero votaban en contra de los estados de excepción, votaron doce veces, quince veces en contra. Después, esos mismos diputados -Maya Fernández, Monsalve- iban a defender los estados de excepción y partieron con el "acotado" -sólo a las rutas principales- que diseñó el exministro Giorgio Jackson. Luego logramos que ampliaran el estado de excepción, pero las facultades finalmente no se entregaron y Carabineros tiene que estar para aplicar una detención. Un control militar solo no puede detener, revisar un auto, entrar a una bodega donde pueda haber combustible. Eso lo hace más lento y complicado. Y están las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Los marinos que dispararon para proteger a una patrulla de Carabineros fueron atacados, y hoy están enjuiciados. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas va a ir a poner orden contra el terrorismo si usted no le asegura que el Estado lo ampara en el uso legítimo de la fuerza.

-¿Por qué dice que el proyecto RUF no tendría "efectividad en el Chile de hoy, en crisis de seguridad y terrorismo"?

-Creo que esa iniciativa viene a contrarrestar la ley Naín Retamal, que aprobamos contra y a pesar del Gobierno, y que protege a las policías en su actuar cuando usan justificadamente la fuerza. El proyecto de RUF parte de la desconfianza en las Fuerzas Armadas, de la idea que el militar, el marino o el aviador van a hacer abuso de la fuerza, no van a tener criterio al momento de actuar. Nosotros recibimos a los auditores generales de las FF.AA, con la ministra Fernández presente, y los tres dijeron que era un pésima ley, que su personal no iba a estar tranquilo haciendo despliegue de la fuerza en el territorio si eso se aprobaba; que no iba a estar dispuesto a arriesgar su carrera, su vida, con esas reglas. El Gobierno les prohibió a los auditores ir a la sesión siguiente en el Senado.

PENA CAPITAL

-¿Se sabe si el objetivo del violento ataque del que fue víctima su sobrino el alcalde de Zapallar y su familia, fue el robo o el amedrentamiento?

-Familiarmente esto ha sido muy duro, nos hemos cuestionado mucho el tema de los peligros que significa vivir en Chile hoy día. Los asaltos son mucho más violentos, no sólo buscan robar, sino también causar terror en las víctimas. La investigación está abierta y no tengo información respecto a si han podido avanzar en el tema del amedrentamiento. Lo que sí se sabe es que cuando se enteraron de que era el alcalde, hubo un especial ensañamiento de violencia física contra él y así se lo hicieron saber. Espero que se pueda identificar y desbaratar a esa banda que había robado otra casa antes y tal vez muchas otras la semana anterior, y darle así una señal al crimen de que en Chile no es tan fácil amedrentar a los ciudadanos y sus familias. Y ojalá nadie tenga que pasar por esa noche tan dura que pasaron ellos.

-En julio, junto a la alcaldesa Matthei y la diputada Flores, usted planteó "abrir el debate sobre la pena de muerte". ¿Debe reinstaurarse en Chile?

- Creemos que debe estar sobre la mesa, es un tema que no podemos dar por eliminado o descontado. Tenemos un nuevo fenómeno criminal, ha habido una tremenda alza en los homicidios, en los secuestros. Hoy te pueden disparar por un celular, por cualquier objeto. Por lo tanto, las herramientas de hace 20 años para perseguir el delito y el crimen ya no sirven para el Chile de hoy. El país necesita nuevas herramientas, cárceles modernas, Fiscalía efectiva, Carabineros y Fuerzas Armadas empoderados. En este nuevo contexto de Chile peligroso hay que revisar todas las medidas, herramientas e instituciones que venían del Chile seguro, y tienen que adaptarse al primero. La pena de muerte tiene que estar sobre la mesa. Como católico, no es una medida que me guste, pero creo que no se puede descartar, tiene que estar sobre la mesa.

-¿No es una opción peligrosa considerando que es una pena en esencia irreversible?

-Efectivamente, nosotros suscribimos tratados internacionales contra ese tipo de penas. Pero el Gobierno tendría que demostrarnos por ejemplo que cuando una persona es condenada a cadena perpetua, está los 40 años efectivamente, porque si por X razones, por un indulto o porque las cárceles están llenas, sale a los 15, no se cumple el objetivo de desincentivar la comisión del delito. Esta pelea es grande, difícil, larga e implica muchas aristas -educación, áreas deportivas, intervenir barrios-, pero no podemos dejar nada fuera de la discusión.

"A esas personas sin casa, el Estado tiene que proveerles vivienda, pero no puede obligar al propietario a que aguante una toma por dos, cinco, siete años. Mire lo que ha pasado con las fundaciones, que se suponía iban a ayudar a los campamentos".

"La ministra (Tohá) tiene que convivir con las dos almas del Gobierno, por un lado Socialismo Democrático vota a favor de los proyectos sobre usurpaciones o porte de combustible en contexto de manifestaciones, y por otro, el Partido Comunista y el Frente Amplio votan en contra".