Matías Gatica Lindsay

En medio de las movilizaciones que lleva a cabo el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación entregó ayer una carta que busca responder a las ocho demandas exigidas por el gremio para no irse a paro nacional. Entre ellas se aborda la deuda histórica, para la que se propone un bono reparatorio para "los casos más urgentes".

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo ayer a radio Cooperativa que "algunos temas son más complejos que otros", pues "son presupuestarios y eso evidentemente siempre tienen algún espacio de complejidad mayor, porque implican recursos que no necesariamente están".

Con ello se refirió a la deuda histórica con los profesores, de la que dijo que en primera instancia se pagaría un "bono reparatorio" para el 25% de "los casos más urgentes", que a su juicio " es la "única forma de salir de esto (...) Pagar la deuda histórica, con todo lo que ello implica en términos de recursos por cada uno de los docentes potencialmente afectados, son recursos que el país no tiene hoy día y tenemos que ser responsables, asumir una deuda pendiente del Estado", complementó.

Más tarde el Mineduc envió una carta para abordar las peticiones del Colegio de Profesores, en la cual expresó que "hemos trabajado decididamente, generando avances concretos y significativos, como también compromisos en aquellos temas donde se requieren esfuerzos adicionales (...) Esperamos que esta misiva sea recibida con el espíritu de diálogo y colaboración que ha caracterizado el quehacer de nuestro Gobierno con el magisterio". Con ella esperan "evitar las movilizaciones, porque creemos que es importante darle estabilidad al sistema" según dijo Cataldo, que agregó que el paro "es una herramienta de ultima ratio".

Desde el Colegio de Profesores, que ayer se reunió para definir cómo continuar la movilización, el presidente del gremio, Carlos Díaz, dijo que la carta "contiene elementos distintos, bastantes más precisos respecto a lo que fueron las cartas anteriores". De todas formas, hasta el cierre de esta edición aún seguían discutiendo un posible paro nacional.

El gobernador boliviano del departamento de Potosí, Jhonny Mamani, fue detenido y enviado a prisión preventiva por presuntos nexos con una estructura criminal liderada por dos paquistaníes que operaban desde Iquique, en un caso que se llamó "ambulancia fantasmas" y que se investiga en ese país.

Según detalló el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, el gobernador oficialista habría participado de la "organización de tráfico de vehículos" a través una persona de 25 años "con capital mínimo" en Chile, quien ingresó vehículos al país vecino.

Lima aseguró que en este caso se ha encubierto "la propiedad verdadera" de los recursos públicos que usó para adquirir cerca de 87 vehículos, de los cuales 41 eran ambulancias, por lo que se inició un proceso judicial en 2022 denominado "caso ambulancias", por el que fue absuelto.

El fiscal Williams Alave dijo que Mamani se presentó a declarar ante la Fiscalía de la Paz por otro caso en su contra sobre un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por "movimientos financieros sospechosos", pues hay depósitos que "no han sido justificados" y otros cuatro procesos de contratación en su gestión.

De esta manera, después de una audiencia de tres horas, se ordenó la "detención preventiva" de Mamani, que pasará seis meses en el penal de San Pedro en La Paz. Pese a ello no perderá su cargo de gobernador hasta que se determine lo contrario en la investigación.

Este hecho explotó en la víspera del viaje que realizaron ayer el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve ,a Bolivia, para firmar acuerdos para reforzar la seguridad en la zona fronteriza. Este último contó que disminuyó en 45% el ingreso irregular a Chile y que destaca la baja de entrada de venezolanos.

Luego que hace una semana la Tercera Sala de la Corte Suprema decidió anular la última alza de las isapres en las primas por las Garantías Explícitas en Salud (GES) y de esa manera volver a los precios de 2019, Consalud presentó el jueves un incidente de nulidad, acción a la que ayer se sumó Cruz Blanca.

Cruz Blanca decidió ingresar este requerimiento luego que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo esta semana que este fallo se empezaría a aplicar desde el próximo mes.

A diferencia de Consalud, con esta acción la aseguradora busca que los ministros de la Tercera Sala que tomaron la decisión queden inhabilitados para votar nuevamente, por lo que piden que sea otra sala la que vea un posible nuevo fallo.

A juicio de la aseguradora, "la sentencia fue dada con efectos generales a todos los beneficiarios de la isapre, sin distinguir si recurrieron o no de protección (...) El fallo asume como cuestión sometida a su conocimiento la causa del alza, esto es, la decisión de la isapre comunicada a la Superintendencia de fijar el precio de la prima GES para todos sus beneficiarios, y no la comunicación del alza como el efecto particular en el recurrente".

"El perjuicio derivado de este fallo se repara efectivamente dejando sin efecto la decisión afectada por el vicio denunciado", aseguró.