En una maratónica jornada que se extendía hasta anoche y al cierre de esta edición con la solicitud de medidas cautelares, se desarrolló ayer la audiencia de formalización de cargos del llamado caso Corrupción Pública.
Esto en el marco de una investigación de diez meses, donde la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica procedió a la formalización de diez imputados, cinco de ellos funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad, por diversos delitos de corrupción pública, al establecerse -de acuerdo a la fiscalía- que recibieron pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras públicas en esta ciudad y adjudicarse obras mediante una empresa de fachada.
El trabajo investigativo, desarrollado junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica, también permitió detener a ejecutivos y trabajadores de una empresa constructora que se adjudicó distintas obras.
Modus operandi
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la investigación estableció que en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos y otros roles al interior de Vialidad, los imputados favorecieron a las constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, recibiendo pagos por ello.
Uno de los hechos investigados corresponde a los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V.
En este contexto, se estableció que la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.M.H., y su cónyuge C.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto (pavimentación de un puente en ese sector), cobrando la suma de $49.739.148 pesos.
Sin embargo, los imputados subcontrataron a una tercera empresa que fue la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de 32.130.001 pesos.
De esta forma, el matrimonio se quedó con la diferencia de ambos montos (17.609.147 pesos).
"Toda esa acción ilícita fue concertada y aprobada además por el fiscalizador general del contrato y amigo de ambos G.L.F.Los imputados repitieron la misma acción, pero esta vez en el marco de los trabajos de reparación y remodelación de la ruta A-27 de acceso al Valle de Azapa, adjudicada también a la empresa Constructora F.V. Así, la firma DELMEDH SPA, se adjudicó una obra menor de modificación de cámaras de alcantarillado, por un monto de $86.632.000 de pesos. Sin embargo, el trabajo fue realizado por una tercera firma que solo cobró $35.500.000 pesos", informó la fiscalía.
En el caso de los otros funcionarios públicos se estableció que recibieron distintos pagos por parte de las constructoras, para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos.
En tanto, los ejecutivos y trabajadores de la empresa San Felipe realizaron distintas maniobras para concretar estos traspasos, entre ellos la transferencia de dinero a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito.
Al cierre de esta edición se analizaban pruebas por parte de la Fiscalía como escuchas telefónicas y se apestaban a analizar las medidas cautelares.
Los imputados fueron formalizados por fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos.
Redacción
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