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Diálogo de sordos
Aunque contra nuestra voluntad y abusando de nuestra inagotable paciencia, durante las últimas semanas, los chilenos hemos sido bombardeados con noticias sobre el traspaso ilegal de fondos públicos hacia fundaciones sin fines de lucro.
Lo que en un principio había sido considerado como un hecho aislado y de relativa importancia, parece no serlo. Es más, en los últimos días se ha planteado la posibilidad de que esta situación sea una mala práctica habitual a lo largo del país, durante éste y los gobiernos pasados.
El problema es serio, ya que los argumentos esgrimidos por quienes hoy acusan al ministro Jackson, sostienen que el Secretario de Estado adolece de las competencias requeridas para ejercer el cargo con propiedad y que por lo tanto debería renunciar. La situación actual es dañina para el gobierno, incómoda para el presidente y muy mala para los chilenos.
Más allá del alcance que pueda tener la permanencia o salida del ministro, el daño que esta situación puntual acarreará para el país no es menor; me refiero a la tensión entre el poder ejecutivo y la oposición, que está generando un peligroso aumento de la polarización ideológica en general; fenómeno que lamentablemente, lejos de buscar la unidad para evitar una crisis política como la de 2019, terminará en un diálogo de sordos, típico de las variadas mesas de trabajo dejadas al garete; situación que postergará una vez más atender las necesidades básicas de la población en salud, educación, pensiones y vivienda.
La tarea no será fácil. Si el poder legislativo es paralizado caeremos en la inacción, que demorará aún más la recuperación económica post pandemia. Asimismo, si las denuncias de corrupción no son investigadas a fondo y los poderes del Estado demuestran debilidad, la credibilidad de Chile como país se verá seriamente deteriorada.
Dentro de este contexto, Milton Friedman, el padre del neoliberalismo económico, esbozó en 1970 las responsabilidades del empresario y del Estado en el sistema neocapitalista que nos rige. En el caso del inversionista, su única preocupación debe ser el buscar medios de crear riqueza. La tarea del Estado es diametralmente opuesta, ya que consiste en velar porque la actividad económica y sus efectos no dañen ni pongan en riesgo los derechos del individuo.
"Si el poder legislativo es paralizado caeremos en la inacción...".
Jaime Gómez Douzet, Doctor en Filosofía