Matías Gatica Lindsay

Debido al revuelo que ha generado el plan piloto de Enap "Gas a precio justo", el que se llevó a cabo en el 40% de los hogares más vulnerables de San Fernando, Chiguayante y Quintero en 2022 y que tuvo un costo de $117 mil por cada cilindro entregado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a aclarar el panorama.

Si bien el secretario de Estado dijo que "es evidente que el plan piloto no tuvo éxito (...) Las cifras y los costos están a la vista", llamó a no dramatizar la situación, pues "los programas piloto tienen ese propósito, no se puede esperar que un programa piloto sea perfecto, pero sí lo que puede asegurar es que si hay errores de diseño o de altos costos, va a tener la oportunidad de corregir, antes de escalarlo a un programa más ambicioso".

Por su parte el exministro de Energía, Claudio Huepe, quien era el titular de la cartera cuando se lanzó la inciativa dijo a radio Bío-Bío que "es imposible que un plan piloto cueste lo mismo, o sea, igual que un proyecto industrial. De hecho, es muy normal que en el nivel piloto la empresa que hace piloto hace todo y después, cuando llega a la escala comercial, va a subcontratar algunas cosas a otras empresas(...) Para tener una conversación seria hay que despejar los mitos, porque si empezamos solamente a atacar 'por qué tanto dinero', y no miramos cuáles son los beneficios, entonces estamos perdiéndonos completamente en la discusión".

Desde la vereda contraria, el exministro de Energía del Gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet dijo a Emol que "es muestra de una tendencia que ya hemos visto en el Gobierno, que es la inclinación a pensar que el Estado va a resolver todos los problemas (...) Sin tener consciencia ni conocimiento de las limitaciones que tiene el Estado para hacer algunas cosas".

El diputado UDI, Guillermo Ramirez dijo que al Gobierno "no le importa mucho si la plata de los chilenos se gasta bien(...) Esto no es algo para pasar por alto".

El ingreso irregular de migrantes a Chile disminuyó un 56% en lo que va de 2023. Así lo afirmó ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante el balance de su gestión a la cabeza de dicha cartera.

"Hemos desarrollado más de mil quinientos operativos, mil patrullajes, sesenta y cinco mil controles a personas por esta presencia de fuerzas armadas que se incorpora y se suma a los esfuerzos que hace Carabineros, la PDI y funcionarios civiles en nuestras zonas fronterizas", describió la secretaria de Estado.

Tohá destacó el aumento de recursos destinados a enfrentar la crisis migratoria en la zona norte de país, en especial el gasto en equipamiento y tecnologías en los puntos de observación.

"Muchas de nuestras instalaciones fronterizas son francamente precarias, francamente peligrosas, y ofrecen un tipo de habitabilidad que no es apropiada para trabajadores y trabajadoras de la Policía y de las distintas instituciones públicas", señaló.

En lo que va de 2023, el 75% de los ingresos de migrantes irregulares se han efectuado desde Colchane, Región de Tarapacá, donde según Tohá, se ha visto una reducción en el número de entrada ilegal al país con una baja del 63%, debido al resguardo militar en esa frontera desde febrero.

Asimismo, la ministra dijo que "hemos logrado recuperar el ritmo de ejecución de las expulsiones" de migrantes irregulares.

El Tribunal Supremo del PPD decidió suspender a Paz Suárez de su cargo de vicepresidenta del partido luego que cuestionara a la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto del caso SQM.

La ahora exvicepresidenta del partido dijo el martes al programa Tiempos Violentos de Canal VíaX que Tohá "se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich", esto luego que la secretaria de Estado expresara por privado su molestia a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, por dichos contra Apruebo Dignidad por revés electoral del 7 de mayo.

El miércoles Piergentili dijo que no estaba de acuerdo con los dichos de Suárez y anunció que enviaría su caso al Tribunal Supremo del partido, lo que fue confirmado más tarde por el PPD.

De esta manera, ayer el partido informó que se suspende "del cargo de vicepresidenta nacional a doña Paz Suárez Briones, mientras se tramite el proceso o hasta que el Tribunal Supremo lo determine".

Junto a ello comunicó que se resolvió instruir la "realización de una investigación sumaria, con carácter de urgente, nombrándose en este acto a los miembros titulares de este Tribunal Supremo, doña Adela Bahamondes y doña Helena Tapia, en calidad de investigadoras de los hechos denunciados, quienes en un plazo de 30 días deberán emitir un informe para la evaluación de este Tribunal Supremo en pleno".