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Institucionalidad de la Defensa Penal Pública
La Defensoría Penal Pública es un organismo descentralizado y funcional territorialmente, sin embargo, no es autónomo. Esto, porque depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si observamos la realidad de su contraparte en nuestro sistema procesal penal, es decir, el Ministerio Público, encontramos que su situación es diametralmente opuesta a la nuestra. Este último está dotado con una posición de autonomía que ha sido consagrada a nivel constitucional, lo que garantiza una independencia en sus funciones, desvinculando las decisiones técnicas de las presiones y oportunidades políticas de la autoridad de turno.
En el caso de la Defensoría Penal Pública, una de sus funciones más relevantes es prestar servicios para proteger y resguardar los derechos y garantías más complejos, sensibles y relevantes del sistema de justicia, esto es, debe controlar la arbitrariedad del aparato persecutor estatal. La falta de autonomía provoca -entre otras consecuencias- que nuestra institución no pueda litigar contra el Estado en sede internacional ni denunciar la afectación de los derechos de sus representados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante el Sistema Universal de Derechos Humanos.
Esta falta de autonomía requiere ser modificada, no solo para representar de mejor manera la perspectiva o visión sobre los derechos y garantías de los ciudadanos que son sujetos de persecución criminal, sino que -además- para generar las condiciones que permitan mayor gravitación de la institución para participar del debate de políticas públicas.
Esto no suele ser la prioridad del sistema político, sin embargo, un sistema penal y de persecución en que exista tal nivel de desigualdad, provoca desequilibrios que se suelen saldar con acusados o condenados inocentes o prisiones preventivas erróneas o desproporcionadas. Lo anterior, asociado a atribuciones policiales excesivas o no controladas, investigaciones con visión de túnel, o errores de los órganos de persecución criminal.
Mejorar la institucionalidad de la Defensa Penal Pública debe ser una prioridad, a fin de garantizar una independencia funcional y orgánica. Se debe reconocer a la Defensa Penal Púbica un estatus de órgano constitucional autónomo, equivalente al del Ministerio Público.
"Mejorar la institucionalidad de la Defensa Penal Pública debe ser una prioridad".
Sergio Zenteno Alfaro, Defensor regional