Matías Gatica Lindsay

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, pidió mayor celeridad para acordar un pacto tributario que permita "despejar la incertidumbre" y así concentrar los esfuerzos en otros asuntos.

Luego que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, el Ejecutivo inició conversaciones con diferentes sectores para lograr un pacto en la materia para financiar, entre otras cosas, la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Por ahora las conversaciones no han sido fructíferas, aunque el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, dijo ayer a radio Cooperativa que "estamos poniendo todo nuestro empeño para que haya un muy buen pacto tributario, más que una reforma tributaria". Para ello aseguró que se deben evaluar otros factores y no solamente el tema rentas propiamente tal.

"Me parece que esto tiene que ser lo antes posible, dentro de los procesos que tenemos hoy día. A lo menos en los próximos seis meses, pienso yo, que debiéramos tener un acuerdo que nos ayude a ir despejando toda esta incertidumbre y que Chile vuelva a crecer, porque eso es lo que va a generar en definitiva los recursos para los desarrollos sociales que el Gobierno y la sociedad entera necesita", afirmó el dirigente gremial.

Mewes cree que es importante acelerar el proceso para "poner en la mesa temas que estamos dejando de abordar (...) por ejemplo, estamos a la espera del anuncio de la política nacional del litio".

El empresario cree que esto debe ser sí o sí este año, pues el próximo año, vamos a estar dentro de un período legislativo de elecciones, muy complejo".

En la víspera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también pidió acelerar el proceso porque "creemos que hay un gran número de gastos prioritarios en la economía, incluido el gasto social, que sería importante financiar. Para eso se necesitan ingresos".

El Presidente Gabriel Boric promulgó ayer la ley que rebaja de forma gradual la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que permite un nuevo formato de hasta cuatro días de trabajo y tres de descanso.

En la instancia el mandatario agradeció el respaldo transversal -salvo de Republicanos- que tuvo la iniciativa en el Congreso. "Se logró un acuerdo entre la alianza de Gobierno y la derecha democrática (...) Esos acuerdos en donde sectores se felicitan a sí mismos por no quedar fuera creo que son importantes y son también un aviso de hacia dónde tenemos que avanzar. Necesitamos poder conversar y salir de las trincheras", afirmó.

Es por ello que pidió a la oposición el mismo respaldo para la agenda de seguridad que han estado trabajando los presidentes de ambas Cámaras con el Gobierno; y para la reforma previsional que ingresó al Congreso el Ejecutivo en noviembre de 2022. Respecto a ese última iniciativa existen reparos en la oposición, que presentó una contrapropuesta. Pese a ello Boric volvió a pedir el respaldo, "porque no nos olvidemos que hay un malestar en Chile que sigue vigente".

Sobre la ley de las 40 horas, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara ,destacó a las 516 empresas de diferentes tamaños que ya se adaptaron al nuevo formato laboral. "Son un ejemplo para muchas empresas pequeñas y grandes del país, demostrando en los hechos que sí se puede", afirmó.

Luego que la Contraloría objetó el jueves la compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, al considerar que se pagó por ella un precio injustificado, la alcaldesa Irací Hassler (PC) anunció una querella contra los tasadores y pidió la renuncia a dos funcionarios del municipio.

Hassler solicitó la salida del director jurídico Jean Pierre Chiffelle y del secretario de planificación del municipio, Luis Mayorga Salces. "Nos parece fundamental que todas las responsabilidades sean asumidas: y eso significa hacer los sumarios administrativos y las querellas a los tasadores", indicó al comunicar la decisión.

Sobre los tasadores, Hassler dijo que "el municipio contrató tres tasaciones de personas expertas, que han sido cuestionadas, y ante eso son ellos quienes tienen que hacerse responsables y dar las explicaciones frente a la Justicia". Por eso, "hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores, a propósito de las observaciones de la Contraloría".

Además de reiterar que no seguirán con el proceso de adquisición del inmueble para habilitar una clínica municipal, Hassler dijo sobre las peticiones de renuncia requeridas por algunos parlamentario de oposición que "no hay ningún fundamento para aquello, pero además de que lamentamos el oportunismo político de la derecha".

La diputada Karol Cariola (PC) respaldó a la alcaldesa, pues dijo que "actuó en transparencia".