Cerro Chuño y la tarea pendiente
En 2020 impulsamos un plan para demoler en su totalidad las viviendas de propiedad del Serviu que están tomadas. Ejecutamos 3 etapas, donde se pudo demoler 96 viviendas. Estas demoliciones no estuvo exentas de recursos de protección por parte de abogados de partidos del actual gobierno y una abogada que actualmente trabaja en la delegación presidencial lo cual retraso en parte el plan que teníamos, pero aun así se logro contar con los recursos para demolición en el año 2022 y 2023, se logró establecer precedentes jurídicos que permitían el desalojo mediante la facultad que cuenta el Delegado Presidencial y contábamos con una robusta planificación que permitía demoler la totalidad de las viviendas a finales del año 2023.
Durante el año 2022 no se avanzó en nada con el proceso de demolición de Cerro Chuño por parte del Minvu ni por parte del SERVIU, lo cual ha traído como consecuencia un costo para el estado de casi 25 millones de pesos mensuales en consumo de agua potable, lo que representa al año 300 millones de pesos, y que se traduce en casi 80 subsidios de arriendo para nuestros adultos mayores. Adicionalmente la no ejecución de la demolición tiene un costo social para las familias que viven en el sector de los industriales, mas el costo social para las personas que actualmente son tomadoras en Cerro Chuño, las cuales se contaminan día a día con los Polimetales presenten en la zona.
El llamado a las autoridades de gobierno, que más allá de su convencimiento personal de no generar acciones de desalojo ni demolición de viviendas, deben ejecutar lo que mandata la ley, y que ratifica Contraloría a través del informe final 1122/2018. Y le deben a la ciudadanía cerrar la herida que dejo la contaminación de Polimetales en Arica, así como también deben hacerlo en pos de la seguridad ciudadana.
Francisco Vallejo Martínez
Ex Seremi de Vivienda y Urbanismo
Región de Arica y Parinacota