Redacción

Un terreno fiscal que por años estaba tomado en el norte de Arica y en el cual se cometían varios hechos que generaban inseguridad, fue restituido por la Delegación Presidencial y Bienes Nacionales. La intervención, se efectuó en el marco de una serie de procesos de desalojos y restituciones que se están efectuando en terrenos fiscales que sean o estén "tomados" de forma ilegal y donde, en muchos casos, suceden distintas invisibilidades.

Así, hasta Punta Condori concurrió el delegado presidencial Ricardo Sanzana junto al seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz. Por más de 8 horas, Carabineros de las Fuerzas Especiales, funcionarios de Bienes Nacionales y maquinaria pesada, estuvieron recuperando este terreno, por medio de la demolición y limpieza del sector.

Recuperar la seguridad

Según se informó, en el lugar se cometían varios hechos que generaban inseguridad, como la venta de combustible en bidones, basurales, focos de insalubridad al no contar con red sanitaria, venta de alcohol, arriendo de piezas, estacionamiento y restaurante, todo irregular e ilegal.

"Nuestro Gobierno fue enfático en decir que nosotros no permitiremos más estas situaciones (...) hemos decidido restituir este terreno que por años fue un foco de distintas situaciones, inclusive, denuncia de posibles delitos. Estos terrenos son del Estado y deben estar destinados para propósitos productivos y bajo todas las normativas, por ejemplo, de salubridad, que claramente acá no estaba", señaló el delegado presidencial Ricardo Sanzana.

"Seguiremos bajo esta modalidad, donde primero les notificaremos a las personas que deben salir o abandonar los terrenos fiscales que estén tomados, para luego entrar con la fuerza pública y maquinarias para su restitución. El mensaje es claro. Si piensan que tomarse un terreno es algo que normalizaremos, como pasó por mucho tiempo, están equivocados. Haremos uso de todas las herramientas del Estado para la restitución, porque acá hay un abuso y en muchos casos, un negocio inescrupuloso", agregó el delegado presidencial.

Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, sostuvo que "Los terrenos fiscales y el uso de éstos son para un motivo de desarrollo social o económico, y no para la afectación del medio ambiente y de seguridad como estaba ocurriendo acá. Seguiremos avanzando en la restitución de estos terrenos fiscales en la región, porque entendemos que este es el camino, entendiendo que se siguen con todos los proceso y plazos para las restituciones".

Para terminar con la venta ilegal de comida y cumplir con las demandas de los vecinos y vecinas de la población Jallalla, la Municipalidad de Arica junto a Carabineros retiraron una gran cantidad de toldos que estaban instalados en la avenida Linderos, para así continuar con el plan de Ordenamiento y Recuperación de los Espacios Públicos que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

Los comerciantes informales estaban haciendo una utilización ilegal del bien de uso público, incluso algunos de ellos habían ubicados sus toldos en el bandejón central de la avenida Linderos, obstaculizando así, la visión de los automovilistas y de los peatones. Y para colmo de males, vendían alimentos sin permiso municipal y sin resolución sanitaria.

Desde el municipio agregaron que "la feria que se estaba organizando no cumplía con ninguna normativa de seguridad para sus clientes e incluso para los propios locatarios".

Las personas que vendían productos ilegalmente en Linderos, estaban infringiendo la ley de Rentas Municipales que establece la utilización de bien de uso público. Tampoco cumplían con la ley de Urbanismo y Construcción, ya que existían estructuras fijas que estaban empotradas en el lugar.

Además, según se informó, los comerciantes se adosaban a los arbustos y señaléticas viales para instalar sus estructuras metálicas. Y al terminar de efectuar sus ventas, derramaban aceite quemado y dejaban tirados sus desperdicios, motivo por el cual llegó hasta el lugar Aseo y Ornato del municipio.

El Tribunal de Juicio Oralen lo Penal de Arica condenó a David Ian Bravo Guerra a la pena de cumplimiento efectivo de 7 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia, perpetrado en diciembre de 2019.

En fallo unánime, el tribunal -integrado por los magistrados Fabiola Collao Contreras (presidenta), Jairo Martínez Cuadra (redactor) y Carlos Rojas Staub- aplicó, además, al acusado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Intimidado con arma

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el hecho se produjo pasadas las 21.15 horas del 13 de diciembre de 2019, cuando la víctima se encontraba al interior de su local comercial, ubicado en la avenida Chapiquiña.

Al lugar, ingresó el acusado junto a otros sujetos no identificados, "quienes con ánimo de apropiarse de especie mueble ajena, intimidaron a la víctima con un arma al parecer de fuego sustrayéndole la suma de $200.000 y una cadena de oro, siendo esta agredida. Luego de esta acción la víctima logró agarrar uno de los sujetos, siendo nuevamente agredida, también por el acusado, resultando con lesiones de carácter leve", sostiene el fallo.

El tribunal dio cuenta además de la violencia empleada por parte del acusado con un arma blanca, "que causó lesiones cortantes, a lo que se suma el cambio de vida que significó para la víctima a lo acontecido, que lo llevó a realizar su actividad tras rejas y en horarios limitados por el temor", añade.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se decretó el comiso de las especies incautadas: dinero, vehículo, arma de fuego y municiones.