Diego Gotelli C.

A sólo horas de que se diera a conocer y en medio de fuertes críticas, el Gobierno revocó ayer una resolución que cambió el nombre del cargo de Primera Dama por el de Irina Karamanos, hecho que generó polémica, desatando acusaciones de ilegalidad desde la oposición.

El documento viralizado la noche del martes fue emitido el 30 de marzo y en él se establece que en las estructuras funcionales que componen la Presidencia de la República no exista la figura del "Gabinete Primera Dama", sino que una denominada "Gabinete Irina Karamanos", que entre sus competencias se encargaría de coordinar programas para "aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos".

La resolución fue repudiada por parlamentarios de Vamos por Chile, quienes acusaron un intento por sacar el carácter impersonal a los cargos, y varios de ellos lo compararon con una "monarquía". El presidente del partido Republicano, Rojo Edwards, afirmó que en el Gobierno hay un "culto al líder".

Por su parte, el exsubsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, dijo que la resolución sería incluso "ilegal", y la UDI acudió a Contraloría para solicitar que se investigue.

Ante la polémica, a primera hora el Gobierno eliminó el renombrado cargo de su sitio web y más tarde en un comunicado oficializó que el cambio quedaba sin efecto, aludiendo a un "error administrativo". Informaron que dicha unidad se llamará "Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República".

"No queremos que la denominación en una resolución nos aleje de los cambios profundos que estamos impulsando", tuiteó Karamanos, quien reafirmó su interés en "avanzar en las transformaciones al rol con las que nos hemos comprometido".

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el "error" se debe a que no hubo "visaje" para hacer el ajuste, el que no responde a una "definición estratégica", pues "no era parte obviamente de la definición política que esto se personalizara".

En el oficialismo señalaron que "se pudo haber evitado" y demandaron una mejora de las asesorías.

Internado en la exPosta Central se encontraba ayer un hombre de 33 años que fue baleado en la tarde, cuando permanecía al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.00 horas. De acuerdo a lo informado por Carabineros, esta persona se encontraba en la Línea 5 cuando por su lado pasó un hombre, quien a corta distancia le disparó un tiro en su pierna izquierda y huyó.

El herido -de nacionalidad chilena- fue atendido inicialmente por personal del Metro, hasta que llegó una ambulancia y lo trasladó al centro asistencial, donde hasta ayer permanecía en observación.

"La herida es de carácter grave, pero no está en riesgo vital", dijo el jefe de la 19 Comisaría de Providencia, mayor Miguel Álvarez.

El hombre que disparó hasta el cierre de esta edición no era ubicado por la policía. La fiscalía dispuso al OS-9 a cargo de las diligencias.

Sin embargo, la revisión de las cámaras de circuito cerrado del Metro grabaron lo sucedido y con ese registro fue posible obtener la identidad del sospechoso, que era buscado ayer.

Carabineros informó que tanto el tirador como el herido tenían antecedentes penales, que en el caso de uno de ellos se relacionaba con una orden pendiente por un presunto robo con sorpresa.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ordenó al jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de la institución (Dipolcar) que ingrese una denuncia ante la Fiscalía luego que un reportaje acusara una supuesta estrategia para "socavar" al Gobierno.

El medio digital Interferencia, citando fuentes policiales sin identificar, acusó al titular de la Dipolcar, general Luigi Lopestri, de liderar un supuesto plan para desestabilizar al Ejecutivo ocultando información sensible en materia de seguridad o dejando de realizar acciones de vigilancia, motivado presuntamente por preferencias políticas.

"Vamos a poner toda la información que sea requerida por el Ministerio Público para aclarar esto, porque son afirmaciones graves y que no pueden dañar la confianza que existe entre la autoridad de Gobierno y la policía", dijo el general Yáñez ayer tras reunirse con la ministra del Interior, Izkia Siches, y el subsecretario Manuel Monsalve

Este último puso en duda las aseveraciones, afirmando que "es muy difícil" que acciones de ese tipo ocurran sin que el Ejecutivo, la PDI o la Agencia Nacional de Inteligencia lo notaran. "No se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el Gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia", dijo Monsalve.

El director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Marcelo Araya, señaló que el recurrir a un órgano externo para que haga la investigación apunta a entregar "transparencia" y "certeza".