Frontera y criminalidad organizada
"La acción, positiva, por cierto, pone en el centro del debate las urgentes y necesarias medidas para enfrentar los delitos transfronterizos como lo son el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de especies proveniente de los países vecinos, especialmente desde Perú y Bolivia".
Carlos Gajardo, - Abogado y ex fiscal
A medida que el mundo empieza a recuperar una nueva normalidad, se ha anunciado que a partir del 1 de mayo de 2022 comenzará la apertura total de los pasos fronterizos terrestres. La acción, positiva, por cierto, pone en el centro del debate las urgentes y necesarias medidas para enfrentar los delitos transfronterizos como lo son el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de especies proveniente de los países vecinos, especialmente desde Perú y Bolivia.
Hace pocos días, Hardy Torres, fiscal jefe del Tamarugal del Ministerio Público, alertaba sobre el aumento de la criminalidad organizada en el altiplano chileno, provocando un aumento de las denuncias que pasaron desde 2500 a 4500 anuales. Lo anterior muestra la complejidad del control fronterizo en una zona en que sólo con Bolivia la frontera se extiende por 782 kilómetros, lo que hace de suyo complejo el control fronterizo por la existencia de una serie importante de pasos no habilitados.
Un reciente estudio de la Universidad Católica muestra el aumento sostenido del contrabando de cigarrillos en la región con cajetillas, provenientes especialmente de Paraguay, que ingresan por la frontera y que ha llevado a que el comercio de cigarrillos de contrabando en la zona norte del país alcance casi el 50% del mercado. Es decir, de cada dos cajetillas que se comercializan, una es legal y paga los impuestos correspondientes y la otra proviene del contrabando y evita cualquier pago en las arcas fiscales. Las estimaciones de este negocio ilícito que se encuentran en el mismo estudio señalan que a nivel país el contrabando de cigarrillos alcanza el 20% del total del mercado provocando una evasión fiscal que bordea los 500 millones de dólares.
Todo lo expuesto revela que las agencias estatales deberán actuar de manera coordinada para enfrentar estos fenómenos. La Fiscalía, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, entre otros, deberán intensificar su trabajo y desarrollar mejores labores de inteligencia para atacar a las cabezas de estas organizaciones, intentando detener y condenar a sus autores y confiscar los bienes y efectos económicos provenientes del delito. Para ello pareciera necesario reforzar los equipos de trabajo que ante el aumento del volumen de trabajo requieren un reforzamiento también del número de sus integrantes. Esto ha sido particularmente notable en el caso de los fiscales del Ministerio Público que parecen no dar abasto al aumento exponencial de trabajo que han tenido en la zona norte, lo que ratifica la necesidad como lo han pedido los mismos persecutores que sus equipos de trabajo se vean aumentados, por ejemplo, recibiendo refuerzos de fiscales de otras zonas del país.
Sólo de esta manera, con un actuar reforzado en el número de fiscales y policías dedicados a esta tarea, se podrá efectuar un combate simétrico con las poderosas organizaciones que efectúan crimen organizado, que ahora con las fronteras abiertas tendrán aún mayores facilidades para concretar sus oscuros negocios.
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