Diego Gotelli C.

"Estamos en una situación bastante crítica", dijo ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien reconoció que el sector de la construcción está sufriendo dificultades para ejecutar proyectos, lo que traba la creación de viviendas sociales.

La complicación fue advertida por la Cámara Chilena de la Construcción, que alertó que de los proyectos licitados el 2020 hay 55 que han sido renunciados por los contratistas y otros 27 que no inician obras. Estos representan 15 mil viviendas paralizadas, que se suman otras 18 mil convocadas el 2021 que aún no parten, elevando a 33 mil los hogares frenados.

El gremio explicó que se debe al encarecimiento de los materiales, lo que subió el costo de construcción de viviendas en hasta un 16% en un año, alza que algunas empresas no podrían solventar.

Evitando dar cifras, el ministro Montes confirmó en radio Cooperativa que hay viviendas "en riesgo" por el alza de precios de insumos, lo que atribuye a una menor importación de productos de China por "fenómenos internacionales", que está forzando la compra a otros países a mayor precio y con menos stok.

Para mitigarlo dijo que se están estudiando medidas, que se verán "caso a caso". "En todos estos casos hay contratos con el Estado y tienen que cumplirse. No toda la responsabilidad la tiene que asumir el Estado subiendo los subsidios, sino que también compartirlos con las empresas de acuerdo al avance que tengan las obras", dijo.

Desde el gremio constructor, su presidente Antonio Errázuriz respondió que las empresas no pueden absorber el aumento del costo tras la crisis vivida en pandemia, y pidió que los contratos consideren un reajuste para el alza de materiales.

"Cuando se hace un contrato, ninguno quiere perjudicar al otro", recalcó.

A mediano plazo, el ministro dijo que apuntarán a potenciar la producción de insumos en Chile, como cemento o más madera, con estrategias público-privadas junto con Corfo, a fin de aminorar el costo de importación y poder avanzar a cumplir la promesa del Gobierno de construir 260 mil viviendas en cuatro años.

Como una exigencia "sin precedentes" catalogó el abogado Alan Boyle la intención de Bolivia de cobrar o exigir negociar a Chile por el uso de las aguas del río Silala, uno de los puntos expresados por los altiplánicos en el caso que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Chile es libre de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago ni acuerdo alguno adicional, siempre y cuando su uso sea equitativo y razonable", afirmó el profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Edimburgo (Escocia), quien ayer expuso en el litigio.

Boyle fue uno de los especialistas convocados por Chile para abogar en favor de la postura nacional,de que el río que parte en Bolivia y cruza la frontera es "internacional", y contrariar con ello la versión de La Paz de que el caudal fue "aumentado artificialmente" en beneficio de Chile.

Boyle dijo que la postura de exigir un pago es "desestabilizante y peligrosa" en caso de ser aceptada, por las implicancias que tendría para estados que reciben un flujo de agua que emana de otro país.

Por su parte Stephen McCaffrey, académico de derecho internacional de la University of the Pacific de California y especialista en recursos hídricos transfronterizos, acusó una falta de "base jurídica" para sustentar las aspiraciones bolivianas, y catalogó de "desconcertante" su "idea de un río fabricado".

El Presidente Gabriel Boric abordó la reforma de pensiones que ha prometido impulsar y fue enfático al señalar que "nosotros no queremos quitarle los ahorros a nadie".

Al finalizar su viaje a Argentina, el medio Infobae difundió una entrevista al Mandatario en la que garantizó que "lo que han ahorrado durante toda su vida los trabajadores es de ellos y eso se va a mantener así".

Boric señaló que el sistema de seguridad social que pretenden desarrollar tendría además del ahorro individual otro ahorro colectivo, pero que respetará "el 100% de los ahorros que tienen los trabajadores en sus cuentas".

Sus palabras se dan en medio de la discusión de un nuevo retiro de fondos previsionales iniciado en el Congreso, en el que algunos parlamentarios han promovido sacar hasta la totalidad de ahorros ante una supuesta expropiación que el Ejecutivo niega.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó fusionar los siete proyectos de un nuevo quinto giro, permitiendo comenzar su tramitación en comisión.

En los parlamentarios oficialistas hay división sobre la postura del bloque ante la iniciativa, la que el Presidente Boric ha llamado a rechazar por el impacto económico ocasionaría, lo que ayer el Banco Central ratificó.