Constanza Espinoza

El miércoles, salió a la luz un comunicado dirigido al pleno de la Convención Constitucional y firmado por todos los fiscales regionales del país, debido a la latente preocupación que existe por la creación de un consejo que puede llegar a entorpecer el trabajo del Ministerio Público, iniciativa que aprobó la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención y que va a despachar al pleno para su primera votación durante esta semana.

Al respecto, el fiscal regional Mario Carrera señaló que este comunicado no es parte de la institucionalidad en sí, sino que viene a ser un fuerte mensaje al cual adhirieron de manera personal, ya que la aprobación de esta iniciativa podría ser peligrosa porque restaría autonomía, fomentaría el centralismo y también haría que la burocracia haga inoperante las actividades al interior de la Fiscalía.

-¿Cuál es el origen de la inquietud de los fiscales regionales de todo el país?

Estamos preocupados por lo que se aprobó en la Comisión de Justicia y que prontamente va a pasar al pleno porque como normativa, la verdad es que viene a resolver problemas que no existían por una parte, y crear otros que no teníamos. No hay una forma de entender las soluciones que se plantean con los problemas que de acuerdo al criterio de los constituyentes tiene el Ministerio Público. No hay un análisis, creemos que no se escuchó tampoco a ningún académico vinculado al tema y por lo tanto surge como una iniciativa que nos sorprende bastante, porque no hay ningún otro Ministerio Público en occidente que tenga una regulación similar, y esto es por las características propias de la Fiscalía, la cual debe ser jerarquizada, debe ser autónoma, y hay que sacarle cualquier atisbo de la intervención de la política en sus decisiones.

-¿Podría referirse a algunos de los puntos tratados en el comunicado firmado por los fiscales regionales?

Si se hace un barrido de los fiscales regionales de Arica a Punta Arenas, prácticamente todos tienen o han tenido una relación directa con las regiones en las cuales ejercen; todos han sido fiscales en alguna oportunidad o abogados asesores en cada una de las Fiscalías regionales en donde luego asumieron la máxima autoridad. Eso opera de esa manera porque las decisiones se toman localmente, hay una Corte de Apelaciones que participa en la determinación de las ternas de los fiscales regionales, y luego la máxima autoridad de esa terna define quién ocupará el cargo.

Hoy, todo eso se va a centralizar en este consejo, sacándole esas atribuciones a las Cortes de Apelaciones locales y no creando una instancia local que la asuma, sino que simplemente determinen que este consejo, va a tener dentro de sus atribuciones la designación de los fiscales regionales. Entonces, vamos a tener personas elegidas en Santiago que van a tomar las decisiones en esa ciudad, imponiendo autoridades en las distintas regiones, lo que a todas luces representa un centralismo que justamente es lo que la constituyente ha dicho que está tratando de evitar, no le encontramos sentido.

Yo no solamente soy el fiscal regional y trabajé 7 años en Arica, sino que también nací en esta ciudad, por lo tanto me preocupa la forma que tiene la gente de Santiago de entender cómo se nos pretenden imponer autoridades.

-¿Cómo estas propuestas afectarían a la persecución de delitos?

Por el tipo de labores que realiza, la Fiscalía necesita decisiones rápidas y esto es fácil de entender. Nosotros luchamos diariamente contra organizaciones criminales que no tienen burocracia, fronteras y ninguna limitación. Nosotros tenemos mucha limitación en nuestro trabajo, pero sumarle una como la lentitud en la toma de decisiones a nivel interno nos crea solamente problemas para perseguir ese tipo de delitos.

Nuestras decisiones no solamente deben ser autónomas y fundamentadas, sino que también deben ser decisiones rápidas, y poner una jerarquía o reemplazar al fiscal regional por un consejo, la verdad no vemos de qué forma aporta a nuestras actividades, pero sí vemos al igual que todo el mundo académico, funcionarios y la inmensa mayoría de los operadores del sistema, que esto solamente traerá problemas, burocracia y nos pondrá un paso más abajo de las organizaciones criminales que pretendemos perseguir.

-¿Qué repercusiones traería esta decisión en el contexto regional?

Esta región se vería afectada en mayor cantidad por las decisiones de ese tipo, porque nosotros lideramos investigaciones contra organizaciones criminales transfronterizas, nosotros somos la única región que colinda tanto con Perú como con Bolivia, y necesitamos responder rápidamente, lo que no pasaría con consejos deliberantes, se responde rápidamente con personas que tomen decisiones y que éstas sean lo más efectivas y prontas para poder luchar contra este tipo de organizaciones.

En el tiempo que llevo como fiscal regional, me ha tocado muchas veces pedir autorizaciones al fiscal nacional en temas muy delicados, donde tenemos agentes encubiertos, operaciones en donde se ha autorizado el ingreso de droga al país para poder determinar toda la línea de mando de la organización criminal, y son decisiones que no se pueden dilatar.

Son decisiones que asumo como autoridad, pero cuando tengo que pedir una autorización a nivel central necesitamos respuestas con la misma velocidad, rápidas e inmediatas.

-¿Qué llamado haría al pleno de la Convención Constitucional ?

Esperamos que el pleno tome en consideración estas ideas, no solamente porque son de sentido común y porque son planteadas por los 19 fiscales regionales, sino porque son fuertemente planteadas por todo el mundo académico, por más del 90% de los funcionarios del Ministerio Público y son planteadas con fuerza por la misma Asociación Nacional de Fiscales, pocas veces estamos tan unidos en alguna temática como en esta, y lo estamos porque no vemos nada positivo en estas modificaciones que es están planteando (...) Nos preocupa y esperamos que se recapacite y que el pleno esté a la altura de ello.

Además, dentro de las observaciones se pretende bajar de 8 a 4 años el período del ejercicio de las funciones de los fiscales regionales y eso es muy peligroso, porque lo van a hacer junto con el cambio de todo el mundo político y podemos tener fiscales regionales que sean de una corriente política muy marcada. Eso tiene que quedar absolutamente fuera de la administración de un ente como la Fiscalía (...) Hay que sacar a la política de raíz de cualquier decisión y de injerencia en la Fiscalía y en el Ministerio Público.