Editorial
Lucha contra el robo de cables
La Municipalidad de Arica destacó la designación de un fiscal preferente que estará a cargo de la investigación de los lamentablemente frecuentes casos de robos de cables que se han registrado en la comuna. Se trata de un delito que no sólo afecta a los propietarios de estos elementos, a las compañías de comunicaciones o de electricidad, sino que también a toda la comunidad en general.
El alcalde de Arica Gerardo Espíndola declaró que el anuncio realizado por el fiscal regional Mario Carrera, "nos va a permitir perseguir, investigar y generar mapas para ver cómo se mueve este delito que deja poblaciones a oscuras, y que aumenta la percepción de inseguridad, los robos, asaltos y el micro tráfico".
De acuerdo a las informaciones que principalmente ha entregado el municipio y algunas empresas, los robos de cables eléctricos superan largamente los cinco kilómetros, especialmente en espacios públicos como plazas, parques y pasajes, que son lugares en los que este tipo de delitos también termina por generar focos de inseguridad, debido a la lógica eliminación de las luminarias.
Este es sólo uno de los efectos de los robos de cables. También ocurre lo mismo con las plazas, que han sido construidas e instaladas para ganar espacios a la delincuencia, y que cuando se tornan oscuras debido al robo de los cables, vuelven a quedar a merced de delincuentes.
De manera similar, el robo de cables destinados a las comunicaciones también general grandes perjuicios a la población. Se estima ya en varios miles de metros los que han sido sustraídos, de acuerdo a lo que han informado algunas de las compañías de telecomunicaciones.
Estos robos afectan la vida cotidiana de manera importante, especialmente en estos tiempos de pandemia. No sólo los hogares, sino que también empresas y servicios se ven afectados por estos "apagones" comunicacionales que ocurren debido al robo de esta infraestructura clave para que las redes funcionen.
Se espera que estos pasos destinados a la investigación, sanción, fiscalización y control de este tipo de delitos, puedan dar buenos frutos.
"Se trata de un delito que provoca perjuicios transversales y graves a toda la comunidad".