Leo Riquelme

Por unanimidad de sus integrantes, la Cámara de Diputados aprobó ayer y con ello el Congreso dejó lista para convertirse en ley la Pensión Garantizada Universal (PGU), que otorgará hasta 185 mil pesos mensuales a los mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable.

En el debate el Gobierno insistió a que gracias a la aprobación de ayer los primeros pagos estarán disponibles a partir de la tercera semana de febrero para quienes hoy reciban jubilaciones inferiores a los 630 mil pesos. Según el Gobierno, serán quienes tiene algún aporte solidario vigente, quienes suman 1,4 millones de personas.

Quienes perciban entre ese monto y un millón de pensión deberán esperar hasta agosto, cuando esté listo un instrumento que se llamará Test de Afluencia.

De acuerdo a la ley, su finalidad será tener parámetros que permitan marginar de la PGU a quienes sean parte del 10% más rico de la población. Para tal evaluación se determinó que no se tomarán antecedentes como el valor de la vivienda principal que posea la persona; y sólo se tomarán en cuenta sus ingresos individuales, no los familiares.

La PGU elimina la pensión básica solidaria, por lo que quienes recibían $176 mil ahora obtendrán $185 mil. En tanto, quienes hoy se autofinancian una pensión por $200 mil la subirán a $345 mil y alguien con $400 mil obtendrá $585 mil, que se pagarán a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Para los de más de $630 mil los montos serán inferiores. Por ejemplo, alguien con 700 mil obtendrá 150 mil adicionales; otro con 800 mil, la subirá en 100 mil; y quien perciba 800 mil, sumará $50 mil.

La PGU también la recibirán los menores de 18 años que tengan discapacidad física o sensorial y pertenezcan al 60% más vulnerable. En esos casos percibirán $92 mil.

En el debate los diputados dijeron que esperan que el Gobierno de Gabriel Boric eleve los montos involucrados.

El Gobierno anunció ayer que independiente de la determinación que tomen los tribunales, los cuatro extranjeros detenidos por agredir a dos carabineros durante un control de identidad en la playa de Cavancha, en Iquique, serán expulsados del país.

"No vamos a permitir que se le falte el respeto a nuestros carabineros ni que se les ataque de esta manera", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Los uniformados fueron agredidos por las personas que se negaron a someterse a un control de identidad, que iba a realizarse por sospechas de que realizaban tráfico de drogas.

Uno de policías fue golpeado con una manopla, lo que le provocó una fractura que ayer se agravó, por lo que fue trasladado durante la tarde al Hospital de Carabineros, en Providencia.

El tribunal de garantía de Iquique dejó en prisión preventiva a los cuatro formalizados ayer, a quienes imputó por la agresión y un eventual tráfico de drogas.

En Santiago el Presidente electo Gabriel Boric calificó la agresión como "inaceptable". "Tenemos que dotar de mayor eficacia a las policías" y recuperar la vida en los barrios. "Tenemos que quitarle las calles a los delincuentes y al narco también", agregó.

Con votos oficialistas a favor y en contra de la oposición, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron ayer la extensión por otros 15 días del estado de excepción en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía, mecanismo que ha regido ininterrumpidamente desde octubre y cuya prolongación durante el próximo Gobierno está en duda por el rechazo que ha expresado el Presidente electo Gabriel Boric.

El debate entre el oficialismo y la oposición se centró en la eficacia que ha tenido el patrullaje de los militares en la Macrozona Sur y la búsqueda de soluciones de fondo a la violencia rural.

"Hay una radicalización y violencia impresionante", dijo el diputado PPD Ricardo Celis, quien recordó que en la última semana ha habido cuatro muertos a pesar del estado de emergencia vigente.

"Los estados de excepción son para enfrentar problemas excepcionales, no problemas estructurales (...) Lo están convirtiendo en la nueva normalidad", criticó Pepe Auth.

En el oficialismo concedieron que la herramienta no resuelve el conflicto, pero el RN Diego Schalper dijo que era una "señal a personas que necesitan tranquilidad" y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, añadió que ha permitido que en la Macrozona desde su vigencia han pasado de tener un promedio de 5,5 hechos de violencia al día, a 2,9 con el estado de excepción.