Constanza Espinoza Morales

Recientemente, se dio a conocer que el Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar 63 millones de pesos a dos adolescentes que fueron injustamente encarcelados en el Sename durante el 2015, tras haber sido acusados de robar una joyería.

Este hecho se registró hace 5 años, cuando una serie de errores y eventos desafortunados, culminaron con ambos jóvenes imputados por delitos bastante graves asociados a dicho asalto, siendo el defensor penal público, Francisco Concha, quien representó la causa.

Antecedentes erróneos llevaron al tribunal a decretar la internación provisoria para los jóvenes, quedando ambos privados de libertad por 9 días hasta que se determinó que no tenían ninguna vinculación con el delito. Tras su encierro en el Sename, los menores continuaron sujetos a diversos inconvenientes mientras se llevó a cabo el proceso, el que concluyó con el sobreseimiento de la causa.

Esto llevó a una demanda civil en contra del Fisco por indemnización de perjuicios y daño moral, la cual tuvo un buen resultado, convirtiéndose en un hecho como pocos, en el cual se ha resuelto que el Estado indemnice económicamente a los dos jóvenes que fueron encerrados injustamente.

Se trata también de una causa que se enmarca en el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, y que de acuerdo al defensor Francisco Concha, ha permitido poner en la palestra otros casos de personas que han resultado inocentes tras un proceso judicial.

-¿Esta es una de las pocas veces en las que se ha indemnizado económicamente?

En toda la historia constitucional desde el año 80 hasta hoy, han habido menos de 10 casos, en donde han habido errores muy manifiestos respecto del actuar del Estado. Los requisitos para una indemnización son muy exigentes, y por lo tanto se rechazan muchas veces. El Estado puede apelar a esta sentencia, pero creo que sería muy lamentable. Aquí es donde hay que apretar las clavijas es en la actuación de las policías y en la actuación del Ministerio Público y los jueces, que muchas veces decretan prisiones preventivas e internaciones provisorias muy livianamente, y se puede causar daño a las personas.

Proyecto inocentes

-¿Qué es lo que busca el Proyecto Inocentes?

El Proyecto Inocentes lo que hace es buscar estos casos, y tratar de alguna forma compensar, no necesariamente con una indemnización económica.

En muchos casos, lo único que se busca es que se reconozca por parte del Estado que hubo un error y que al menos se pida una disculpa, para que estas personas sean absueltas públicamente; así como en algún momento se informó de las detenciones, que también se informe que hubo un error, y que esas personas no cometieron el delito. Esas disculpas pueden ser significativas con alguien que fue privado de libertad.

Al privar de libertad a alguien, si se comete un error, se puede generar una injusticia muy grande; ese es el llamado de atención que se hace a través de este proyecto.

En la región

-A nivel local y en el contexto del proyecto ¿Existe una tendencia con respecto al tipo de delito por el cual fueron imputadas las personas que posteriormente quedaron en libertad?

No hay un delito específico, porque cualquier persona se puede ver involucrada en cualquier tipo de delito. Generalmente, las personas que están involucradas en un proceso penal, algún grado de participación tuvieron, y son antecedentes que se muestran por el Ministerio Público. Pero en otros casos, no tienen ningún tipo de participación y son los que generan estas causas de Proyecto Inocentes.

En la región tenemos un porcentaje muy alto de personas que son absueltas porque el Ministerio Público no logra probar su participación en un delito; durante el 2019 y según las estadísticas, hubo 42 casos de personas que fueron declaradas inocentes tras un juicio oral, quienes estuvieron privados de libertad de manera injusta.

Además, entre enero y mayo de este año, hubo 26 personas que estuvieron privadas de libertad, a quienes finalmente no se pudo comprobar el delito por el cual se les imputaba, por tanto, eran inocentes y estuvieron tras las rejas por un período de tiempo en donde era investigada su causa.

-Hay casos en los cuales hay un extranjero involucrado, y se utiliza el argumento de que al no tener arraigo en la zona se pueden justificar las medidas privativas de libertad como la prisión preventiva, especialmente por tráfico de drogas ¿Es algo recurrente en la región?

Al encontrarnos en la frontera con Perú, muchas bandas de narcotraficantes, por ejemplo, no trasladan la droga, sino que buscan gente humilde del Perú, que incluso en algunos casos hablan poco español, para introducir la droga. Esas personas generalmente quedan privadas de libertad, y se justifica por el Ministerio Público y por el tribunal la prisión preventiva, ya que al no tener arraigo se asume que van a huir.

Dentro de esos casos, hay algunos en los que está comprobado que no podían tener un conocimiento preciso de la cantidad de droga que llevaban, o si llevaban droga en lo absoluto. Algunos de esos casos son susceptibles de entrar al Proyecto Inocentes por esa razón.

-¿Hay algún caso del Proyecto Inocentes enmarcado en el contexto del estallido social?

Aquí en esta región, no tenemos ningún caso, pero puede ser que existan en estudio y que se estén tramitando, porque el estallido social fue en octubre, y es más o menos reciente en términos de lograr acreditar que hubo errores manifiestos.

Pero desde luego que los hay, considerando que en algún momento Carabineros ha actuado de forma masiva, haciendo detenciones.

"Al privar de libertad a alguien, si se comete un error, se puede generar una injusticia muy grande; ese es el llamado de atención que se hace a través de este proyecto..."

Francicsco Concha, Jefe de Estudios de la defensoría Penal P+ublica Regional