Constanza Espinoza Morales

Un total de 106 personas privadas de libertad, junto con usuarios y usuarias, salieron del Complejo Penitenciario de Arica y del Centro de Educación y Trabajo CET semi abierto, respectivamente, tras poder acorgerse al Indulto Conmutativo.

El beneficio, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, permite que internos e internas que han cometido delitos menores y son población de riesgo, o tienen permisos de salida, puedan cumplir el resto de su pena bajo arresto domiciliario total.

"Esta medida obedece a razones humanitarias y sanitarias, permitiendo descongestionar el penal previniendo la propagación del Coronavirus y protegiendo de este modo, tanto a los internos, como a los funcionarios de Gendarmería", así lo señaló el seremi de Justicia y DDHH, Raúl Gil, quien señaló que como Ministerio siempre van a priorizar la salud de las personas.

Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Roberto Maldonado, manifestó que "esta medida permite descongestionar las unidades penales y especiales en el contexto de la emergencia sanitaria, que estamos viviendo como humanidad".

Cumplir con la medida

Durante el pasado sábado en la noche, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Raúl Gil, junto al director regional de Gendarmería, coronel Roberto Maldonado, le explicaron a la población penal la importancia de cumplir estrictamente con el arresto domiciliario total y con la medida de control establecida por Gendarmería, porque de lo contrario perderán el beneficio y volverán a cumplir sus penas en la cárcel.

En ese sentido, con el objetivo de verificar que las medidas se cumplan, Gendarmería implementó un sistema de seguimiento tecnológico que, a través de la geolocalización, controlará que los indultados estén cumpliendo con el arresto domiciliario total cuantas veces se requiera.

Tras salir del Complejo Penitenciario, el director regional de Gendarmería, junto al seremi de Justicia y DDHH, conversaron con los familiares, a quienes se les reiteró la importancia de que los indultados cumplan con la medida.

Desde la Seremi de Justicia y DDHH, recalcaron que quedan excluidos de este beneficio quienes han sido condenados por delitos de gravedad, como tortura, violación, delito sexual contra menor de edad, femicidio, homicidio, trata de personas, delitos terroristas y delitos de lesa humanidad, entre otros.

106 de estas personas cumplieron con las condiciones para ser indultados durante esta emergencia sanitaria.

constanza.espinoza@estrellaarica.cl

Una batería de medios de prueba, entre los que se incluyen imágenes de video, testigos y evidencia pericial, presentará la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica, en el marco del juicio oral contra Roberto Saavedra Mariani, acusado por distribuir y lanzar bombas molotov en las cercanías de la Gobernación Marítima y en la Rotonda Tucapel, hechos registrados en octubre y noviembre del año pasado, en el contexto del estallido social.

En este sentido, la unidad presentó acusación contra Saavedra Mariani, en calidad de autor del delito de infracción a la Ley de Control de Armas, que sanciona a quienes fabrican, almacenan, distribuyen y arrojan artefactos incendiarios; y por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Lo anterior, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Daniel Valenzuela, quien trabajó junto a la Sección OS-9 de Carabineros.

Los antecedentes

La indagatoria estableció que Roberto Saavedra, quien trabajaba como encargado de máquinas surtidoras de combustible es un servicentro de Arica, participó de los incidentes y desórdenes públicos registrados en la noche del 28 de octubre, frente a la Gobernación Marítima.

En ese lugar, transportó una caja de cartón con al menos 5 bombas molotov, las que fueron extraídas por encapuchados para arrojarlas.

Así, el acusado también lanzó uno de los artefactos en dirección a un furgón de carabineros estacionado, donde se encontraba el conductor del móvil, mientras a que a escasos metros se encontraban otros funcionarios policiales.

En tanto, en la noche del 11 de noviembre, y en el contexto de desórdenes públicos registrados en el sector de Rotonda Tucapel, el acusado también arrojó un artefacto incendiario en dirección a personal de Carabineros.

El sujeto fue detenido en su lugar de trabajo, y posteriormente en su domicilio se incautó las vestimentas que utilizaba en las manifestaciones , además de un escudo metálico con manillas, y además 3 máscaras que usaba para protección contra los gases lacrimógenos.

"El delito base es infracción a la Ley de Control de Armas, pero el hecho de haber tenido (el acusado) una motivación ligada con el riesgo a la vida de las personas por haber lanzado molotov, es que esa figura está contenida dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado. La investigación ha permitido posicionar al acusado en ambos ataques con artefactos incendiarios", explicó el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad, Daniel Valenzuela.

Según consignó el ente persecutor, por tales ilícitos, el sujeto arriesga una pena única de 17 años y 6 meses de presidio efectivo.

Con lesiones de gravedad resultó un transeúnte que fue víctima de un violento asalto en plena vía pública, mientras que el delincuente habría huído con la suma de 10 mil pesos.

A través de intensas diligencias llevadas a cabo por la Brigada Investigadora de Robos (Biro), en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de esta ciudad, fue posible establecer la participación de un sujeto de 39 años en este robo con violencia.

Según lo informado, el hecho ocurrió en horas de la mañana, en la intersección de las calles Lastarria con Blanco Encalada, y el procedimiento fue adoptado en un primer momento por Carabineros.

Sin embargo, debido a las características del delito, el fiscal de turno derivó el caso a personal especializado de la Policía de Investigaciones, quienes luego de varias diligencias investigativas, lograron determinar que se trataba de un robo con violencia y detener al individuo.

De acuerdo a la PDI, se pudo establecer que el detenido le sustrajo a la víctima la suma de 10 mil pesos, quien producto del robo resultó con una herida penetrante torácica, dejándolo grave pero sin riesgo vital.

En prisión preventiva

Por instrucción de la Fiscalía de Arica, el detenido fue llevado durante la jornada de ayer hasta el Tribunal de Garantía para su respectivo control de detención.

Mediante una videoconferencia, el fiscal adjunto Cristian Sanhueza formalizó al imputado por el delito de robo con violencia, logrando dejarlo en prisión preventiva.