María José Collado Rojas

El 1 de enero de este año, el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro asumió la administración de los establecimientos públicos de la región de Arica y Parinacota, labor que por años estuvo en manos del municipio a través del extinto Servicio Municipal de Educación (Serme) y posteriormente, del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem).

El traspaso desde el sistema municipal a uno estatal no ha estado exento de dificultades. A problemas como la baja matrícula en algunas de las escuelas, el retraso en la entrega del nuevo Liceo A-1, el deterioro causado por falta de inversión en infraestructura los últimos años y la pérdida millonaria de fondos no ejecutados por el Daem, se suman las críticas efectuadas por el Colegio de Profesores relacionadas con el despido de funcionarios y la fusión de algunos cursos, entre otras dificultades.

La directora de Educación Pública, Alejandra Grebe señaló en el diario El Mercurio que "hoy tienes colegios con más adultos que niños y eso es inviable". En la misma nota de prensa publicada el pasado 7 de marzo, Grebe destacó que "pese a ser una política elaborada por la Presidenta Bachelet, es una ley absolutamente transversal y así pasó a ser una política de Estado, proponiendo un cambio estructural de 345 municipios a 70 servicios como sostenedores".

Para el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Chinchorro, Miguel Lecaros, instalar la educación pública en la región implica desarrollar una nueva institucionalidad que va asociada a buscar mecanismos de calidad, reforzando los ofrecimientos que tienen los establecimientos públicos para recuperar la matrícula perdida en los últimos años. "Para asumir el siglo XXI como corresponde, necesitamos que los estudiantes tengan sus clases, que los profesores estén preparados para ello, tengan un proyecto educativo y pensar que somos una oportunidad para la región".

Un proceso nuevo

Lecaros comentó que una de las principales dificultades del traspaso es que no se tiene claridad del rol del servicio, tendiéndolo a confundir con una corporación o con Daem, cuando no es ni lo uno ni lo otro. "Es un servicio público creado por la Ley 21.040 que implica que los establecimientos que eran municipales ahora son públicos, en los cuales el sostenedor es el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Chinchorro. El desconocimiento de la ley y cómo funciona hace que las personas piensen que es lo mismo que la municipalidad y no es así", sostuvo.

Dentro de los cambios fundamentales que implican que los establecimientos sean administrados por el Estado destaca el que su fuente de financiamiento depende exclusivamente de las subvenciones. "Por tanto, si no tenemos subvención, no podemos pagar los servicios educacionales, por lo que si hay paros o tomas en los establecimientos, cuando se dé cuenta de la subvención al Ministerio de Educación, no habrá recursos y no hay ninguna posibilidad de que eso se revierta. Cada paro o cada toma es un perjuicio para la comunidad estudiantil, para los profesores en sus rentas y para el sistema en general", dijo.

Consultado al municipio sobre cuáles han sido las principales dificultades que se han debido enfrentar producto de la llamada "desmunicipalización", comentaron que al tratarse de un proceso nuevo y a pesar de que la ley entrega la generalidad sobre los requisitos para traspasar o ejecutar cada proceso, "no existe un reglamento o procedimiento específico sobre las etapas o condiciones de cada tema".

De este modo, "tanto para la municipalidad como para otras instituciones que intervienen en este traspaso, ha sido un proceso completamente nuevo y diferente, que se debe adecuar a cada realidad y justamente esta especificidad es la que ha complejizado algunos de los procesos involucrados en el traspaso".

Incumplimientos

Para el presidente regional del Colegio de Profesores, Carlos Ojeda, hubo un incumplimiento en la Ley 21.040, ya que en ésta se señala que el traspaso se debe hacer respetando la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, es decir, deberían ser traspasados en las condiciones que ellos presentaban en el año 2019.

"Eso no ha ocurrido, sobre todo con los profesores a contrata que los despidieron. También dejaron fuera a gran cantidad de asistentes de la educación, por lo que hay una situación que escapa a la ley. En el caso de los profesores a contrata, el Colegio de Profesores consiguió que se respetara lo que se determina como legítima confianza, es decir, que aquellos profesores que llevaban a lo menos dos años en su cargo, se les mantuviera en esa condición. Eso no ha sido completamente respetado y estamos en proceso de ver en qué va a quedar todo".

Según Ojeda, actualmente existirían en la región 25 profesionales que se encuentran en esta situación, sin embargo, estima que puedan ser más. "Como gremio tuvimos reuniones con el director del Servicio Local con compromisos en acta en enero que no se han cumplido en temas urgentes como la carga horaria, la solución del contrato definitivo de algunos colegas que incluso cumplen con los requisitos para la Ley Miscelánea y los despidos arbitrarios por información subjetiva entregada por algunos directores, sin razones técnico-pedagógicas, entre otros temas", manifestó.

El déficit

Ojeda mencionó que otro de los puntos negativos del proceso es que la municipalidad presentó un déficit de 4 mil millones de pesos que no fueron solucionados antes de ser traspasados. En ese sentido, el municipio aclaró que "con el objetivo de dar continuidad y celeridad a los procesos, se ha comprometido a finalizar los proyectos de mejoramiento pendientes, que ascienden a 30, para no incurrir en una burocracia que solamente perjudicaría a la comunidad educativa".

El presidente del gremio además señaló que cerca de mil estudiantes no estaban reconocidos por el Ministerio de Educación, ya que el municipio no recibía subvención por ellos. Son casos que corresponden a establecimientos de los valles.

"Hace poco intentaron cerrar un curso en Pampa Algodonal, lo que es una muestra de que este traspaso está significando cierre y fusión de cursos, que han reducido la cantidad de estudiantes en algunos establecimientos con una mirada economicista, con una sala con 45 o más niños".

Al respecto, Miguel Lecaros, del Servicio Local comentó que "este director no ha pensado en el cierre de ningún establecimiento por baja matrícula ni se ha fusionado ningún curso. Todo está funcionando tal como lo entregó el municipio".

Opiniones encontradas

El presidente regional del Colegio de Profesores es enfático en declarar que este no es el proceso que los docentes esperaban. "Este sistema que se planteó como una gran solución a la mala administración municipal es un proyecto fracasado y teníamos razón cuando nos opusimos", dijo.

Aún así, el director ejecutivo del Servicio Local apuesta por un futuro prometedor. "La educación es la única instancia para generar el cambio social que todos queremos, por tanto, si logramos establecer conciencia de que los colegios son nuestra casa, vamos a clases, si los profesores hacen su trabajo, los asistentes de la educación cumplen y apoyan, los directivos hacen gestión y los ariqueños cuidan sus colegios, vamos a tener un futuro esperanzador", sentenció.

"Este sistema que se planteó como una gran solución a la mala administración municipal es un proyecto fracasado y teníamos razón cuando nos opusimos"

Carlos Ojeda, presidente regional del Colegio de Profesores.