Redacción - Medios regionales

El fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, anunció que 14 carabineros serán formalizados por el delito de torturas, las que habrían cometido durante el estado de emergencia en las comunas de Ñuñoa y La Florida, el pasado 21 de octubre.

Guerra explicó que solicitará prisión preventiva para los uniformados involucrados en los casos. "Estimamos que se debe actuar con la mayor intensidad posible. Vamos a ver cuándo se fija la audiencia, pero obviamente estimamos que la medida debe ser la más grave. Normalmente en los delitos con pena de crimen, cuando además debe ser de cumplimiento efectivo, solicitamos prisión preventiva", aseguró el fiscal.

21 DE OCTUBRE

"Hemos tomado la decisión de formalizar dos casos distintos por delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos, en este caso, por funcionarios de Carabineros", dijo Guerra.

"Ambos hechos ocurren el día 21 de octubre, a eso de las 21 horas, uno en la plaza Ñuñoa, del cual tomamos conocimiento de hecho por imágenes de televisión donde se puede observar cómo un grupo de funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros agreden luego de detener a una persona que se estaba manifestando en dicho lugar y le propinan una serie de golpes, los cuales le originan lesiones de carácter grave", relató el jefe del Ministerio Público en la zona Metropolitana Oriente de Santiago.

Tales lesiones son "trauma ocular grave, fractura nasal y fracturas costales", además de pérdida de algunos dientes, por lo que "doce funcionarios de Carabineros van a ser formalizados".

Ese mismo día y casi a la misma hora, en La Florida, "un menor de edad, de 16 años, que había sido detenido por infracción al toque de queda, fue brutalmente golpeado, en forma reiterada por dos funcionarios de Carabineros que se encuentran identificados y que pertenecen a la dotación de la 61ª Comisaría La Florida", explicó Manuel Guerra. "Si bien las lesiones no son de la entidad de la gravedad de lo que ocurrió en Ñuñoa, no dejan de ser por ello menos importantes", sostuvo.

"Con esto queremos reafirmar nuestro compromiso por investigar todo tipo de delitos, particularmente los cometidos por agentes del Estado, haciendo uso de violencia institucional en contra de ciudadanos, y no es justificación que estos ciudadanos puedan haber cometido una infracción para cometer este tipo de excesos (policiales) que nosotros como institución condenamos", complementó el persecutor.

Por el primer delito, los policías arriesgan penas que van de los 5 a los 10 años de prisión, mientras que en el caso del menor, las condenas parten en los 7 años de presidio.

COMISIÓN y QUERELLA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó, a través de una carta dirigida al canciller Teodoro Ribera, realizar una visita de observadores a Chile para "verificar la situación de derechos humanos en el país", el que se ha visto sacudido por protestas y disturbios en medio del descontento social.

La CIDH pide la anuencia del Gobierno chileno para hacer la visita y que le indique una fecha para concretarla.

El organismo, de la Organización de Estados Americanos, publicó ayer la misiva dirigida hacia el jefe de la diplomacia chilena, donde plantea que ha recibido solicitudes "de decenas de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y de pueblos indígenas, representantes de partidos políticos, legisladoras y legisladores, intelectuales y artistas, además de la Defensoría de los Derechos de la Niñez".