L a Contraloría detectó un incumplimiento de las condiciones pactadas entre la Fundación Daya y la Municipalidad de Arica en un convenio suscrito en el año 2016, durante la administración del ex alcalde Salvador Urrutia, por lo que exigió la devolución de casi 18 millones de pesos, que corresponden a la subvención que otorgó el municipio a la Fundación dirigida por Ana María Gazmuri, quien se comprometía a entregar medicamentos en base a cannabis, para ser repartidos entre pacientes oncológicos, con epilepsia y dolor crónico, lo que a la fecha no se ha concretado, aunque el programa siguió en esta administración edilicia.

El proyecto tenía como finalidad la implementación del Programa de Uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria y proyectaba ir en atención de cerca de 4 mil pacientes de manera gratuita. Incluía 20 municipios, los que aportaron recursos públicos para desarrollar un cultivo en la región del Maule.

El informe 169 afirma que, si bien el municipio revisó la rendición presentada por la fundación, dicha corporación edilicia no aplicó un control y supervisión cabal de la ejecución del convenio y se detectaron diversos gastos que no cuentan con la totalidad de la documentación de respaldo.

Consultada la Municipalidad informaron que "Contraloría Municipal solicitó información a la Fundación Daya sobre dicho convenio, una vez re-

copilados los antecedentes el municipio se referirá al tema".

En tanto, desde la Fundación Daya, explicaron, a través de un comunicado que "el programa corresponde a un convenio suscrito con la municipalidad para beneficiar a 100 pacientes mediante la entrega de un tratamiento gratuito de fitofármaco en base a cannabis por el plazo de un año".

"Desconocemos las razones que han llevado a la Municipalidad de Arica a postergar la activación del programa, lo que se encuentra fuera del marco de acción de nuestra Fundación".

El ente contralor dio un plazo de 30 días hábiles, desde el 30 de mayo, para acreditar el reintegro de dicho monto y los antecedentes correspondientes al municipio.

El senador José Durana presentó ayer ante la Contraloría Regional una denuncia contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ignorar uno de sus vehículos un control policial. Según su relato, Carabineros le realizó señas de detención al móvil, que continuó su rauda marcha al Complejo Chacalluta. Por esa razón se le cursó una infracción.

Además el senador expuso que en el vehículo fiscal "ingresaron con un ciudadano venezolano a la unidad de la PDI con el objetivo de solicitar refugio. "Cómo un vehículo puede traer a esta persona en calidad de refugiado considerando que días atrás la Corte de Apelaciones había fallado en contra de este ciudadano venezolano, quien primero ingresó en calidad de turista", preguntó.

Víctor Hugo Lagos, jefe regional del INDH, replicó que "el vehículo institucional en ningún momento ha abandonado el territorio, en ningún momento ha hecho caso omiso de las órdenes de Carabineros"; además comentó que no se les ha notificado ninguna infracción de tránsito.