Personal de Extranjería de la PDI, que se encuentra en el Complejo Chacalluta, está realizando una revisión exhaustiva de los extranjeros que intentan ingresar a nuestro país. A aquellos que tienen antecedentes penales en su país de origen se les prohibe el ingreso, como el caso de un ciudadano colombiano de 34 años.
El extranjero, a eso de las 23:40 horas, al momento de realizar el control migratorio, señaló que venía a Chile a visitar a su cuñada por un lapso de 30 días, pero se le impidió el ingreso al país.
El jefe subrogante de la Prefectura de Extranjería, comisario Fernando Loyola, informó que esta persona, el 2012 fue detenida en el puerto Buenaventura, en su domicilio particular, junto a otros sujetos, ya que era investigado por pertenecer a una banda denominada Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). También le encontraron 13 granadas de fragmentación para ser utilizados en actos terroristas.
"La Ley de Extranjería faculta prohibir el ingreso al país a personas que registren antecedentes policiales o judiciales en su país de origen. En este caso, esta persona mantenía antecedentes penales y fue condenado por el delito de rebelión, cumpliendo una condena de 48 meses", informó el comisario.
Más casos
También señaló que en lo que va del año llevan tres casos de connotación.
Por ejemplo, en abril se le prohibió el ingreso a un ciudadano colombiano que era el líder de una banda de narcotraficantes del sector de Villavicencio.
En mayo se le negó la entrada a un sujeto colombiano que pertenecía al Cartel de Pablo Escobar, siendo sindicado como testaferro (palo blanco) y en septiembre se le prohibió entrar al país a ciudadanos colombianos que portaban cédulas de identidad de su país adulteradas.
El comisario explicó que al estar en zona fronteriza, a los extranjeros que se les niega el ingreso son devueltos hacia el Perú.
Los condenados expulsados
En agosto de este año, la PDI sacó desde la Cárcel de Acha a seis ciudadanos peruanos, quienes fueron expulsados por presentar órdenes vigente, no pudiendo retornar en un plazo de 10 años. Esto, luego de que la pena por sus condenas les fuera sustituida por la expulsión del país, a la mayoría por infracción a la Ley 20 mil de Drogas. Esto se realizó por un operativo que impulsa el Gobierno y que busca durante el año 2018 expulsar a cerca de dos mil extranjeros con antecedentes o que se encuentren cumpliendo condenas.