Luego de dos meses de juicio oral, periodo en que la Fiscalía presentó una serie de pruebas y desgarradores testimonios de víctimas, se logró el veredicto condenatorio unánime en contra de cuatro acusados de integrar la red internacional más grande dedicada al tráfico de migrantes a nuestro país. Lo anterior, en el marco de la investigación que desarticuló a esta organización el año 2016, tras un inédito operativo simultáneo en Chile y Perú que incluyó diligencias y detenciones en varias ciudades del vecino país.

El juicio oral de la denominada Operación Desierto, que se inició el pasado 27 de agosto, incluyó 89 casos de víctimas traficadas a nuestro país (todos ciudadanos dominicanos) y fue dirigido por la Fiscal Regional Javiera López junto al Fiscal Daniel Valenzuela, quienes presentaron una serie de pruebas en contra de los acusados (ciudadanos peruanos) Reyna Huaringa Maquera, Yemeyel Morales Álvarez y los hermanos Kliver y Kharlo Zárate Sunción. Estos dos últimos fueron extraditados desde Perú a Chile en octubre de 2017. El tribunal oral determinó absolver a un quinto acusado.

En esta investigación, trabajada junto al Departamento OS 9 de Carabineros, también se detuvo en Perú a la líder de la agrupación Soledad Maquera Clavetía y al segundo jefe del grupo Juan Castillo Vilca, quienes fueron extraditados desde ese país a Chile en abril pasado. El juicio oral en su contra se llevará a cabo este 6 de noviembre próximo.

Alejandra Solis Araya

Dos amigos se la dieron de "Rápidos y Furiosos" protagonizando una persecución policial por varios sectores de la ciudad y hasta disparando contra Carabineros. Todo fue para evitar ser detenidos, ya que uno de ellos estaba prófugo de la justicia hace varios meses. Se negaba a cumplir una condena por tráfico de drogas y ahora por su acción de darse a la fuga, deberá permanecer privado de libertad en la cárcel de Acha, donde fue enviado en calidad de rematado.

Los hechos

Ayer, el fiscal Gonzalo Figueroa, formalizó a los imputados S.V.B. de 37 años y A.R.H. de 33 años (El tribunal prohibió publicar sus nombres) por el delito de homicidio frustrado contra carabineros de servicio. En la audiencia, el persecutor informó que un llamado al 133 alertó a Carabineros respecto a la participación de un automóvil marca Hyundai Elantra color blanco, con sujetos armados en su interior, que habían efectuado momentos antes disparos en la población San José. Motoristas de Carabineros lograron ubicar el móvil en la calle Codpa con Río Lluta.

"Carabineros se trasladó al lugar y efectivamente se encontraba el auto blanco con dos ocupantes que al ver la presencia policial se dieron a la fuga por calles Renato Rocca, Azolas, Linderos, Antártica, Robinson Rojas, Neghme, hasta el pasaje José Morales Cares y en su huida comenzaron a efectuar disparos contra el personal policial", expuso el fiscal.

Según el parte policial en el transcurso de la persecución, hubo intercambio de disparos entre el vehículo y los funcionarios de Carabineros. En el pasaje José Morales Cares, finalmente se les dio alcance.

El suboficial Edwin Figueroa y el sargento segundo Miguel Severino lograron la detención de ambos individuos, recuperando además 2 armas de fuego tipo pistola 9 mm.

incautación

Los sujetos portaban una pistola marca CZ, sin encargo y una pistola marca Famae, con encargo vigente por hurto, además de sus respectivos cargadores y munición. El saldo del operativo no dejó a carabineros lesionados, solo sufrió daños una patrulla de la Primera Comisaría en el parachoque trasero derecho, debido a que fue colisionada por los sujetos.

El fiscal expuso que la Brigada de Homicidios de la PDI, estuvo a cargo de otras diligencias; recuperó evidencia balística y municiones al interior del vehículo. Con todos estos antecedentes, la jueza Gabriela Abusabal decretó la prisión preventiva por considerar que ambos son un peligro para la seguridad de la sociedad.

La pena máxima que se contempla para un menor de edad logró la Fiscalía en contra de un joven de 17 años, quien en la madrugada del pasado 1 de enero dio muerte a un estudiante de 20, tras propinarle una certera puñalada en la zona del cuello, hecho ocurrido en la población Tucapel 7.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía permitieron condenar a B.C.V., en calidad de autor del delito de homicidio calificado, recibiendo una sentencia de 10 años de internación en régimen cerrado, en el marco de una investigación dirigida por el Fiscal Luis Soriano, quien trabajó junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.El persecutor explicó que la calificación del delito de homicidio se dio tras acreditarse el grado de premeditación con el que actuó el acusado.