Mario Narváez V.

Una tarde donde a varios se les pasó por la mente la escena vivida el 12 de noviembre de 2010, cuando una micro perdió el control y se fue contra el Colegio Santa Ana fue la que se registró la tarde de ayer, en el sector de la Tucapel 6.

A las 16.15 horas, un taxibús de la línea 10 perdió el control, obligando al conductor a bajar por calle Iquique por un supuesto corte de frenos, terminando por estrellarse contra una casa de Bernardino Guerra.

Producto de la emergencia, 10 ocupantes resultaron heridos, como también el conductor, quien sacó la peor parte, ya que parte de la estructura del techo cayó encima suyo.

Luego del llamado, 30 voluntarios de todas las compañías de bomberos arribaron al lugar para realizar labores de rescate de las personas.

"Tras la alarma, voluntarios de inmediato comenzaron a trabajar en el rescate de los pasajeros que se encontraban al interior del vehículo para estabilizarlos junto a personal del Samu, que trasladó a los heridos hasta el centro asistencial", explicó el comandante de Bomberos, Patricio Morales.

Carabineros del Cuadrante 4 fueron los encargados de cercar el lugar, como también detallaron que según información preliminar, las personas que se encontraban al interior del inmueble sólo resultaron shockeadas producto del impacto.

Frente a la Comisión de Coordinación de Justicia Penal, integrada tanto por el Poder Judicial como las policías y el Ministerio de Justicia, se realizó la exposición sobre Análisis Criminal y modernización de los sistemas que se ocupan en la persecución del delito que maneja Carabineros de Chile.

En la exposición, que estuvo a cargo del teniente coronel Luis Rozas, se explicaron metodologías, gestión, programas y la ejecución de los sistemas que conforma, principalmente, el Sistema Táctico Operativo Policía (Stop) en lo que refiere a la prevención del delito.

En tanto el seremi de Justicia, Raúl Gil, sostuvo que "en esta oportunidad nos interiorizamos acerca de las herramientas que ocupa Carabineros para perseguir el delito y así aportar en bajar los índices de inseguridad; esto como un eje principal del Gobierno del Presidente Piñera", dijo.

Una fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas a la entrada del Valle de Azapa permitió detectar la extracción masiva de agua al interior de una parcela, por lo que la encargada del predio fue detenida por la Brigada contra Delitos Medioambientales de la PDI (Bidema) y luego citada a declarar.

Desde la Seremi de Obras Públicas emanaron que todo se enmarca en un plan de fiscalización de aguas, por lo que las multas podrían ir desde los 500 hasta las 1000 UTM, o sea más de 40 millones de pesos.