Aún sigue en pie la pugna entre el Club Aéreo de Arica y el Ejército, luego de que esta última institución informara que las aeronaves del club, deben abandonar la zona de despegue, ubicada en el Aeródromo de El Buitre, "tras lo ocurrido con el Casa 212 (Archipiélago Juan Fernández), donde se originaron una serie de restricciones para que los civiles operaran en este tipo de acciones que involucren bases militares".

Fue el presidente del Consejo Regional, Gary Tapia, quien manifestó que "hubo 2 mil millones financiados por un FNDR, que fueron aprobados y ya ejecutados para la pista. Ahora el asunto es que no puede ser que luego de esta inversión, justo el Ejército tenga que determinar la salida de los civiles, en este caso del Club Aéreo de Arica, de esa zona".

También los diputados se manifestaron al respecto.

El primero fue Vlado Mirosevic (liberal), quien dijo que expondrá al Congreso y al Ministerio de Defensa para que explique la situación, "ya que con esto, afecta a un club emblemático para Arica y por ende a todos los ariqueños por su larga existencia y por todos los servicios que ha prestado", aludió.

Luis Rocafull (PS) aportó que el asunto es difuso, ya que si bien "cuando el Core destina recursos, debiese haber compromisos de ambas partes, para ver qué se va a realizar o qué se va a remodelar, este es un sector que varias veces ha servido de sitial ante cualquier emergencia", dijo.

Nino Baltolu (UDI) expuso que "aprovecharé mi condición de parlamentario para solicitar una entrevista con el ministro de Defensa y así tener la realidad de esta situación. No podemos desconocer la trayectoria del Club Aéreo de Arica a favor de la región, sin embargo aquí existe un mandato superior que está relacionado con la seguridad al interior de recintos militares", detalló.

Desde el Ejército, manifestaron que ya fueron informados del tema, por lo que hay disposición para abordar la situación.

La Seremi de Desarrollo Social conformó la primera Mesa Regional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, con el objetivo de coordinar entre los distintos actores involucrados el estudio de la magnitud de la población infanto-adolescente en situación de calle.

La iniciativa se encuentra contemplada en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tras el gran Acuerdo Nacional por la Infancia.

Desde 2011 que no se realiza un estudio de esta magnitud, el que para la región arrojó que había 19 niños en esta condición.

"Cuando nuestro Presidente nos dice los niños primero, es porque son nuestra prioridad, sobre todo los que están en situación de calle. Por eso hemos conformado esta mesa por primera vez en nuestra región, porque queremos hacer visible una realidad que existe, generar una política pública para no dejarlos solos, acompañarlos, apoyarlos y sacarlos de esta cruel condición, que tengan herramientas para desenvolverse en el futuro, con cariño y respeto. Realizaremos un conteo no sólo para tener un número, un rostro", dijo el seremi Roberto Erpel.

El comité de allegados Villa Los Laureles y Última Frontera, ambos pertenecientes a la toma de terrenos en Villa Frontera, se reunieron con el diputado Nino Baltolu para solicitar su apoyo ante la medida de desalojo decretada para el 22 de octubre.

Según informó Álex Fuentes, secretario de la toma Última Frontera, los vecinos no están de acuerdo con la medida y esperan una mesa de conversación con las autoridades.

"Queremos hacer patria acá, pues no tenemos dónde ir si nos echan. Nuestra idea no es pelear con las autoridades, sino buscar una solución en conjunto", dijo.

El dirigente agregó que actualmente existen cuatro tomas en el lugar, pero tres de ellas estarían atravesando por problemas. "La orden de desalojo se dio a los lotes 12, 13 y 14 en el sector La Libanesa que es donde están las tomas. Somos varias familias que pedimos un pedazo de tierra para construir nosotros mismos. No queremos que nos regalen nada, solo pedimos alcantarillado, luz y agua".

Por su parte el diputado Baltolu destacó que el martes se reunirá con los ministros de Bienes Nacionales y de Vivienda para buscar solución al conflicto.

En tanto, desde la Gobernación Provincial informaron que existe una solicitud formal realizada respecto al tema de la restitución del sector. En ese sentido, agregaron que "cuando se solicita la restitución de un bien fiscal, por parte de quien es dueño de ese terreno o vivienda, la Gobernación tiene la obligación por ley de responder a ello, es así como coordina las acciones para el auxilio de la fuerza pública (en caso de ser necesario) y se lleve a cabo la restitución de lo que está en cuestión, respetando la integridad de todas las personas que de manera ilegal han usado ese bien. Agregaron que se entrega asesoría sicológica y acompañamiento por parte de asistentes sociales, que revisan la situación de cada persona y realizan las derivaciones correspondientes.