Este es un caso que dejó al descubierto el drama que vivió una mujer venezolana, quien contrató en Tacna los servicios de los denominados "coyotes" para ingresar a su hijo de 3 años a Chile de manera ilegal. La mujer no contaba con la documentación correspondiente del menor para que entrara al país. Su objetivo era reunirse con su pareja, quien llegó antes a Chile en búsqueda de trabajo.
Desde que salió de Venezuela con su hijo vivió una verdadera pesadilla; luego que realizó los trámites para regularizar la situación de su pequeño sin obtener resultados positivos. Después viajó a Lima y recibió la información de que existían organizaciones en Tacna que ingresaban a extranjeros a Chile de manera irregular. Por ello se contactó con tres organizaciones y una de ellas le cobró 800 soles, de los cuales pagó 500 y el resto tenía que cancelarlo una vez en Chile.
Fue así que la fueron a buscar dos personas a un hotel: un hombre y una mujer en un auto y la trasladaron al Complejo Fronterizo de Chacalluta, donde le dieron una serie de instrucciones para no quedar al descubierto. Sin embargo, todo su plan fue desbaratado, debido a que un funcionario de la PDI se dio cuenta que la mujer cuando realizó los trámites de migración, pasó sola y después de unos minutos la vio acompañada de un menor. La mujer reconoció al detective que pagó a unas personas para que ingresaran a su hijo de manera irregular y entregó las características de las personas y del auto en el cual fue trasladada. Los policías detuvieron a las dos personas.
Formalización
Ayer, el fiscal Manuel González formalizó a los ciudadanos peruanos Shirley Pacori (20) y Michael Verasatégui (26) por el delito de tráfico de migrantes. El persecutor expuso que los hechos se registraron a las 20 horas, cuando la mujer llegó al control de Chacalluta, realizó el trámite con una documentación que indicaba que viajaba sola y luego se retiró, ingresó a otra isla y luego la vieron con un menor de edad.
"Acordó con los imputados la facilitación de medios con la finalidad de ingresar al país de manera irregular a su hijo con fines de lucro; una vez detectados la víctima declaró", expuso el fiscal, quien solicitó como cautelar la prisión preventiva, argumentando que este delito, al tener como víctima a un menor de edad, la pena se eleva al nivel de crimen.
La defensora penal pública, Catalina Hidalgo, se opuso a la medida. Expuso que para ellos no se configura el delito de tráfico de migrantes; la jueza Paulina Zúñiga no compartió la tesis de la defensa y decretó que ambos imputados fueran trasladados a la Cárcel de Acha.
