El general Mario Rozas, jefe de la Dirección de Bienestar de Carabineros descartó ayer que exista un nuevo fraude en la policía uniformada, luego de que un informe de Contraloría, dado a conocer el martes por la tarde, cuestionara el uso de $23 mil millones. El caso fue revelado por el contralor Jorge Bermúdez ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

"Ese dinero está reflejado en complejos habitaciones y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus grupos familiares", dijo Rozas. Añadió que "eso está acreditado con la presentación de escrituras, cartolas bancarias de pago, estados de avance y toda una documentación, planos incluso, que acredita que ahí está el dinero que se invirtió".

En el informe de Contraloría, que analiza desde 2005 a 2017, se acusan irregularidades en avalúos de propiedades de Bienestar destinada a sus funcionarios, traspasos de excedentes con la Mutualidad de Carabineros y quema de documentos, entre otros.

Ayer por la mañana, Carabineros dijo a través de un comunicado que "esta situación está siendo investigada por el Ministerio Público desde el año 2017, específicamente, por el fiscal Eugenio Campos".

Desde el Ministerio Público, el fiscal Campos dijo que "ésta es una investigación que corre en paralelo" al caso de desfalco que alcanza los $28 mil millones.

Ambas causas son lideradas por Campos. El fiscal nacional Jorge Abbott, dijo ayer que "se ha solicitado a la Contraloría y al OS-9 de Carabineros las indagaciones. Se trata del mismo equipo que investiga el desfalco de Carabineros. Sin embargo, por el momento no podemos decir que se trata de un fraude".

Michael Seguel P.

El Papa Francisco afirmó ayer que podría aceptar nuevas renuncias de obispos chilenos, luego de que el 11 de junio se oficializara la salida de los jefes de las iglesias de Osorno, Valparaíso y Puerto Montt, Juan Barros, Gonzalo Duarte y Cristián Caro, respectivamente.

La decisión ocurriría luego de que en mayo los obispos chilenos ofrecieran en masa su renuncia al Papa, en medio de los escándalos por abusos sexuales y acusaciones de encubrimiento que han golpeado a la Iglesia Católica chilena.

En entrevista con Reuters, el Papa dijo que "todavía tengo que aceptar la renuncia de dos (obispos) que han excedido el límite de edad. Pero tal vez voy a aceptar más renuncias. En un caso, pedí que se le den las acusaciones para darle la posibilidad de defenderse de las acusaciones y luego veremos".

Los obispos que cumplieron 75 años -edad que deben presentar su renuncia, la que puede o no ser aceptada- son el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati y el obispo de Rancagua, Alejandro Goic.

De las tres renuncias ya aceptadas, la más controversial fue la del obispo Juan Barros, quien enfrentó una dura resistencia de los feligreses, tras ser destinado a Osorno, en 2015.

Barros fue formado por el expárroco Fernando Karadima, quien fue condenado por el Vaticano en 2011 a vivir una vida de "penitencia y oración", por perpetrar abusos sexuales a menores y adultos. Los otros obispos formados en El Bosque son Horacio Valenzuela (64), de Talca; Tomislav Koljatic (62), de Linares y el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga (59).

Consultado por la permanencia del cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz en un grupo asesor del Vaticano, dijo que "el C-9 no es un honor, es un trabajo. No quiero entrar en el juego de cortar cabezas y buscar chivos expiatorios".

El Papa se refirió además a Fernando Karadima, a quien describió como "una persona gravemente perturbada". Añadió que "es un fenómeno difícil de entender (...). Ciertamente, es el trabajo del espíritu del mal".

Un adolescente de 17 años murió ayer tras recibir siete tiros, en un enfrentamiento entre bandas rivales en La Legua Emergencia, en Santiago. La víctima pertenecería a la banda "Los Gálvez" y era conocido en el sector como "Carlitos". El joven murió al llegar a la Urgencia del Hospital Barros Luco. Al mismo recinto asistencial llegó otro joven, conocido como "El Manchado", quien hasta ayer por la tarde estaba en riesgo vital, luego de recibir disparos en la misma confrontación. En la cuenta pública del Servicio Nacional de Menores (Sename) realizada ayer se reveló que 2.500 menores (16% del total) que fueron atendidos en 2017 en el servicio, estaban cumpliendo alguna medida cautelar.