Michael Seguel P.

"Si monseñor Barros discierne que tiene que continuar, cuenta con todo nuestro apoyo. Si discierne algún otro camino, cuenta con todo nuestro apoyo". Con estas palabras, el presidente de la Conferencia Episcopal chilena, obispo Santiago Silva, se refirió ayer a la situación del obispo de Osorno, Juan Barros, quien es acusado extrajudicialmente de encubrir los abusos del ex párroco Fernando Karadima, condenado por el Vaticano en 2011, a vivir una vida de penitencia y oración, por abusar sexualmente de menores y adultos.

Las palabras del obispo Santiago Silva llegan luego de que el Papa Francisco defendiera este jueves al obispo Barros y afirmara que los dichos en su contra eran "calumnias", antes de partir a Perú.

"El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Todo es calumnia", recalcó Francisco en Iquique.

"Nosotros apoyamos de modo irrestricto lo que el Papa Francisco dijo a propósito de monseñor Barros. Es importante que, si existe algún delito cometido por él, hay que hacerlo saber", dijo Silva.

"El Papa recibió una serie de informaciones sobre monseñor Barros y no encontró algún delito para no ponerlo como pastor en Osorno", añadió sobre la situación de Barros, quien en 2015 fue nombrado obispo de la ciudad sureña.

Más crítico fue Benito Baranda, coordinador del Estado para la visita papal. "Él (Barros) debería haber dejado de ser obispo hace mucho tiempo, el daño que le está provocando a la iglesia es muy grande", dijo a radio Cooperativa.

El Gobierno cifró en un millón y medio las personas que asistieron a la actividades de Francisco en Chile. La misa de Iquique, a la que llegaron 100 mil personas, estuvo lejos de las 400 mil que esperaba la organización en un comienzo.

"En Iquique hubo una estimación mayor y se produjo un movimiento distinto al que nosotros esperábamos", dijo el director ejecutivo de la organización, Javier Peralta.

1 millón y medio de personas vio a Francisco en su paso por Chile, aseguró el gobierno.

9 ataques a iglesias hubo durante la visita del Papa Francisco de esta semana.

Marco Antonio Campos, de 45 años, fue detenido ayer en Puente Alto, al sur de la capital, por la Brigada del Cibercrimen la PDI, por presuntamente mantener en su celular material pornográfico de su hijastra de 12 de años. Para conseguir las imágenes, el acusado habría instalado una cámara en el interior de un oso de peluche ubicado a un costado de la cama de la menor. La subcomisaria Pía Barrera dijo que "fueron encontradas 18 fotografías y dos videos de la niña en el celular del detenido". Sobre la menor de edad, Barrera sostuvo que "no tiene conciencia de la situación, por lo que se deben analizar los daños que esto le pueda generar".

La niña quedó bajo la custodia de la madre, añadió la policía.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron su renuncia al Ministerio Público, tras manifestar su desacuerdo con las decisiones tomadas en el denominado caso Penta, que abrió las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política en Chile. "Nos transformamos en los fiscales incómodos, a quienes se les marginó progresivamente de las causas que llevábamos", dice la carta que los fiscales adjuntos enviaron al fiscal nacional, Jorge Abbott.

En la misiva, los persecutores explican que su renuncia se haría efectiva el 31 de marzo y que fue una decisión adoptada luego de que el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, resolviera suspender condicionalmente el procedimiento contra el desaforado senador Iván Moreira, acusado por presuntos delitos tributarios y formalizado en 2015 en el caso Penta. La salida alternativa presentada por Guerra propone un pago de $35 millones al Fisco, correspondiente a la totalidad de las boletas ideológicamente falsas que emitieron los colaboradores del parlamentario, de acuerdo a la fiscalía.

Guerra salió a defender su decisión y dijo que "quien dirige la investigación soy yo y ésta es una institución jerárquica. Las decisiones que he tomando son razonadas y con pleno conocimiento de los antecedentes".

Mientras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, defendió la labor de Guerra y se refirió a la renuncia de los fiscales adjuntos.

"El Ministerio Público es más que dos fiscales, por más importantes que sean (…). Creemos que esto no debería alterar el funcionamiento de la institución", dijo ayer el fiscal nacional.