La primera semana de julio fue una de las fechas anunciadas por el Serviu para la entrega de las 473 viviendas de El Alto, según publicó este medio el jueves 11 de mayo de este año.

En esa oportunidad, el director regional de Serviu, Juan Arcaya, comentó que "estamos absolutamente dentro de los plazos estipulados. El proyecto consideró la partida de pintura, que no estaba considerada en un comienzo, por lo que en los primeros días de julio estaríamos en condiciones de entregar las viviendas completamente habilitadas".

Agregó que "designamos un monto adicional para esta tarea, por lo que nos encontramos en esta fase. La entrega se planeó desde un comienzo para el mes de julio y vamos a cumplir con los plazos".

Consultado el Serviu sobre la demora en la fecha de entrega se explicó que "las viviendas aún se encuentran en proceso de pintura, un proyecto adicional en beneficio de las familias y que el proceso de relocalización será un proceso acorde con el traslado de las familias".

La relocalización de la población Guañacagua lll contempló la construcción de viviendas de hormigón armado de dos pisos, 234 pareos y cinco viviendas aisladas, de las cuales cuatro corresponden a hogares para discapacitados con movilidad reducida. Además, cada vivienda cuenta con sistemas solares térmicos para proveer de agua caliente a menor costo.

La obra contempla la urbanización del loteo. El año pasado se había anunciado como fecha de término de las obras de las viviendas en mayo de 2017.

A acompañados por su representante legal, el abogado Yerko Correa, vecinos de la población Guañacagua III se dirigieron a la oficina de partes del Serviu a dejar una carta que representa la decisión de 12 familias de no firmar una transacción extrajudicial solicitada por el Serviu para trasladarse a las viviendas de El Alto.

Rosario Morales, presidenta de la junta de vecinos "Guañacagua III" dijo que "firmamos la relocalización, pero no estamos de acuerdo con firmar una transacción en la cual estaríamos aceptando una vivienda de la cual desconocemos su estado, ya que también se encuentra en suelo salino al igual que las casas que habitamos en Guañacagua. Esta transacción significa un mutuo acuerdo en el cual se llega a una conciliación sin derecho a reclamar posteriormente por el estado de las viviendas".

La dirigenta agregó que "no nos pueden obligar a afirmar ni coartarnos posteriormente de realizar acciones legales a futuro. En esa carta también contamos con el apoyo del senador Navarro, quien conoce nuestros casos. Esperamos una respuesta de Serviu y que nos saquen esa cláusula de transacción. Si fuese así aceptaríamos, pero estamos con mucha incertidumbre, ya que no sabemos qué casas nos esperan"

Desde el Serviu explicaron que "hoy recepcionamos en Oficina de Partes una carta suscrita por el senador Alejandro Navarro, a través de la cual realiza una serie de consultas que vamos a responder dentro de los plazos legales y a través de los mecanismos establecidos para ello".

Agregaron que "en respuesta a qué va a pasar con quienes no quieren adscribirse al proyecto Guañacagua III, ya se ha informado a través de diferentes medios de comunicación sobre el proceso de relocalización y expropiación, invitando en innumerables ocasiones a todos los vecinos a participar de este gran proyecto".

"No queremos en nuestra región un nuevo Cerro Chuño; por lo tanto, estamos trabajando firmemente para relocalizar a todas las familias y demoler inmediatamente, puesto que, las viviendas de Guañacagua III representan un grave peligro para ellas. Quienes no se adscriban van a ser expropiados, conforme lo establece el Decreto 2.186 "Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones" que establece que una Comisión de Peritos, que no pertenecen al Serviu XV, fijen el justo valor de los inmuebles sujetos a expropiación".

"Este proceso obedece a una acción en beneficio de la comunidad, donde nos hacemos cargo, de viviendas afectadas por fisuras, grietas, asentamiento del suelo, fugas en las redes húmedas, entre otros; situación que se incrementó en el tiempo y que motivó la ejecución de una serie de evaluaciones e informes técnicos que indicaron causas y metodologías de reparación de estos daños producidos por la disolución de sales presentes en los suelos".