Aun total de 63 familias, el sueño de obtener su casa propia se les convirtió en una pesadilla, ya que entregaron dinero para asegurar su vivienda, pero terminaron siendo víctimas de una estafa, entre ellos varios funcionarios de carabineros de la Tercera Comisaría.
Las denuncias de los afectados llevaron a que la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía iniciara una investigación que llevó a que ayer formalizara a cuatro personas como presuntos autores del delito de estafa reiterada en la venta de casas que supuestamente se encontraban en proceso de remate y por uso malicioso de instrumento público falsificado.
La indagatoria, en esta primera etapa de la investigación, estableció un monto defraudado de 595 millones 500 mil pesos, considerando que hubo víctimas que cancelaron desde los 2 millones hasta los 65 millones de pesos por viviendas que les fueron ofrecidas por los imputados, a un menor precio de mercado, pero que jamás les fueron entregadas.
Cómo operaban
De acuerdo a los antecedentes expuestos por el fiscal Francisco Ganga en la audiencia de formalización, a partir del año 2014, el imputado Luis Ríos González (funcionario en retiro de Carabineros) habría comenzado a ofrecer inmuebles de la ciudad de Arica que supuestamente se encontraban en proceso de remate en el marco de una causa radicada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago. En ese contexto, se concertó con otra persona para que este último, en su calidad de egresado de la carrera de Derecho, simulara realizar las gestiones legales en la capital a fin de adjudicarse las propiedades.
Así, ofrecía a las víctimas adquirir el inmueble en el remate a un menor valor del precio comercial, con la condición que se debía cancelar anticipadamente el 50 por ciento del precio para reservar la casa y el resto una vez entregada.
El persecutor señaló que eran casas que tenían un avalúo comercial de 100 millones de pesos y las ofrecían entre 10 o 18 millones de pesos. Les ofertaron casas de la Población Magisterio, Las Palmas y Villa Pedro Lagos, entre otros sectores. "Eso era lo que les informaban a las víctimas de cómo era este tipo de procedimiento, pero en la realidad, en ninguna de estas casas que se les ofrecieron a las más de 61 personas existía un proceso de remate o adjudicación. Es más, algunas de las casas ni siquiera existían y las labores del supuesto abogado tampoco eran reales", dijo el fiscal.
Comisaría
En tanto, durante el año 2015 se sumaron a esta organización los imputados Gregorio Pulgar, en ese entonces funcionario activo de Carabineros, además de su cónyuge Susana Vergara y la también egresada de Derecho Naviyeth Jaque. Como funcionario de la Tercera Comisaría, ofreció viviendas a varios de sus colegas, quienes confiados, le cancelaron millonarias sumas de dinero con el objetivo de adjudicarse una propiedad; sin embargo, jamás recibieron los inmuebles.
Con todos estos antecedentes, el fiscal solicitó la prisión preventiva con el argumento que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad. Expuso que están investigando otros 26 presuntos casos de estafa registrados en Calama. La jueza Paulina Zúñiga decretó la prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 60 días.
