La verificación de antecedentes realizada por este medio mostró que las autoridades regionales, los dos diputados por la región y los ediles de Arica, cumplieron mayoritariamente con el requisito de declarar sus intereses y patrimonio ante la Contraloría General de la República (CGR), conforme a la Ley 20.880.

La ley es la que establece que estos funcionarios públicos deban transparentar sus bienes inmuebles, bienes muebles, participación en sociedades y/o empresas, ahorros en diversos instrumentos de inversión y pasivos o deudas.

Los resultados a la luz de la revisión que hizo "La Estrella" en las páginas de Transparencia, dan cuenta de que las principales autoridades locales y regionales están adhiriendo a la norma. Sólo hay dos casos especiales que fueron detectados en esta revisión: el del concejal Daniel Chipana y el del Consejero Regional (Core) Patricio Sierralta.

La declaración de interés y patrimonio de Chipana no aparece en la web de la municipalidad en el enlace "ley de transparencia", por lo que el diario se comunicó con él vía correo electrónico y llamadas telefónicas para saber si se trata de que su declaración no aparece, o si efectivamente no la hizo. No hubo respuesta a los llamados ni a los correos.

Distinto es el caso del consejero regional Patricio Sierralta Reffers, quien no realizó la declaración de interés y patrimonio. Fue contactado por La Estrella, y confirmó que efectivamente, no había realizado este trámite.

Pero, ¿qué pasa cuando ocurre esto?

Contraloria

La contraloría puede formular cargos y proponer una multa a quienes no presentan su declaración de interés y patrimonio. El monto de la multa es de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde $ 233 mil hasta $2 millones 332 mil 350. Y, en caso de reincidencia, se podrá aplicar la cancelación de su inscripción en el registro para cargos públicos.

En su cuenta pública realizada el viernes en Arica, el contralor Jorge Bermúdez destacó las metas que se está buscando en materia de transparencia. Dijo que "debe ampliarse el listado de los bienes que se deben declarar en la declaración de patrimonio e interés. Por ejemplo, se deben incluir todos los depósitos a plazos, los saldos en cuentas corrientes, cuentas y libretas de ahorro, APV y depósitos convenidos, seguros de vida con ahorro y seguros de vida en general".

Y es por eso que, debido a la relevancia que tiene este mandato que pesa sobre las autoridades, es que La Estrella conoció del nivel de cumplimiento al respecto y las opiniones formuladas por los distintos funcionarios que tuvieron que cumplir con esta Ley.

Autoridades municipales

El patrimonio declarado de los concejales y el alcalde suma más de $ 70 millones.

El alcalde Gerardo Espíndola, tiene un patrimonio de poco más de $19 millones. En bienes inmuebles declaró una propiedad de $17 millones 985 mil 907, que corresponde a su domicilio, y dentro de los bienes muebles registrados tiene un automóvil marca Nissan Tida del año 2005, con un avalúo fiscal de $2 millones.

La renta mensual del alcalde es grado 3, es decir, según se detalla en el sitio web de la Contraloría General de la República, $3 millones 863 mil 577, que se desglosan en un sueldo base de $ 610 mil 489; una asignación profesional de $166 mil 054 hasta el 31 de diciembre del 2016 y 488 mil 395 a contar del 1 de enero del 2017; una asignación directivo-jefatura de $83 mil 027 hasta el 31 de diciembre del 2016 y $244 mil 198 a contar desde el 1 de enero del 2017; asignación municipal de $1 millón 795 mil 002; bonificación única de $18 mil 938; bonificación de salud de $ 95 mil 425; bonificación provisional de $209 mil 758 y $126 mil 313, y una asignación del ley de $25 mil 978.

Es bueno conocer cómo se entra y conocer cómo se hace, la declaración la hicimos de manera voluntaria y la hicimos pública durante la campaña, después en el mes de diciembre, enero, y ahora en marzo, por ley la tuvimos que hacer. Hicimos el llamado para que todos lo hagan, y es clave porque devela quienes son las autoridades que tienen en frente", dijo Gerardo Espíndola.

El concejal Carlos Ojeda Murillo declaró un inmueble de $2.631.780 y un vehículo Nissan Terrano con un avalúo fiscal de $1 millón. "Me parece muy bien, ya que la falta de confianza y credibilidad hacía los políticos es bastante fuerte. Y por todo lo que ha pasado en materia de colusión, me parece que es pertinente que se transparente el patrimonio, ya que vemos como se ha financiado últimamente ciertos parlamentarios".

El concejal Paul Carvajal Quiroz, tiene un Hyndai Traget del año 2001 con un avalúo fiscal de $1 millón 800.

"Me parece que todo lo que se transparente sirve para la devolución de las confianzas, es parte de la transparencia, hay una idea de la gente que los políticos se enriquecen, lo que gana un concejal no da para tener grandes cosas, y eso se traduce en los bienes que se tiene, y en Arica se necesita esto, tenía que haberse hecho hace mucho tiempo"

El concejal Juan Carlos Chinga Palma, declaró una propiedad de $9 millones 717 mil 612, un automóvil Mitsubishi Eclipse de $1 millón 850, y una camioneta Mazda MPV 2.5 de $3 millones 70 mil. "La Estrella" intentó comunicarse con Chinga para comentar esta declaración, sin que hubiera respuesta.

En tanto, la concejala Elena Díaz Hevia declaró una propiedad de $9 millones 64 mil 847, adquirida en 1995, que corresponde a su domicilio. La concejala Díaz tampoco contestó al llamado del diario.

Jorge Mollo Vargas declaró ser dueño de JORGE EDDIE MOLLO VARGAS E.I.R.L., con un valor corriente de $1 millón.

Sobre esta exigencia legal, dijo que "lo encuentro estupendo, es un proceso que estamos viviendo, me tocó como candidato declarar lo que tengo, es un paso importante, grande y relevante para la transparencia de la política y que se declare también cuando se van".

Miriam Arenas Sandoval declaró tener 15% en la SOCIEDAD OCTAVIO ARRATIA Y CIA. LTDA, con un valor corriente de $128 millones. En bienes muebles, posee dos vehículos: un Toyota Yaris de $3 millones 500 y un Citroen C3 de $8 millones 800. No respondió al llamado para comentar la declaración.

Jaime Arancibia, tiene un inmueble de $32 millones 724 mil 316, adquirido en el 2012, y tres Mercedes Benz, tres Chevrolet y un Mazda de $2 millones 320 mil.

Los vehículos Mercedes Benz son de 1988, 1989 y 2004, avaluados en , $1 millón 560 mil , $1 millón 710 mil y $5 millones 440 mil respectivamente. Los automóviles Chevrolet son de 1978, y 1981, avaluados en $360 mil cada uno, y otro del año 1987 avaluado en $610 mil.

"Me parece bien que cada uno transparente lo que tiene, por qué no hacerlo y estar más tranquilo en todo, ya no es tanto lo que uno tiene", comentó Arancibia.

El concejal Luis Malla Valenzuela declaró que no posee bienes inmuebles ni bienes muebles. "Lo declarado así es, tenía un auto que fue recientemente robado, arriendo un departamento por lo tanto no tengo casa ni departamento, tampoco mantengo grandes sumas de dinero ahorradas, solo lo justo en caso de emergencias. Soy muy joven para esta declaración, supongo", dijo Malla.

El concejal Patricio Gálvez declaró una propiedad con un avalúo fiscal de $23 millones 500 mil, y un Honda Fit avaluado en $ 1 millón 600 mil. El diario contactó por teléfono al concejal Gálvez para obtener su opinión sobre la ley de probidad y declaración de patrimonio de las autoridades, pero no contestó.

La renta mensual de los concejales es de $700 mil pesos.

En el gobierno regional

Las principales autoridades que integran el Gobierno Regional son la intendenta Gladys Acuña Rosales, el gobernador de Arica, Ricardo Sanzana Oteiza; el gobernador de Parinacota, Roberto Lau Suárez, y los catorce consejeros regionales.

El patrimonio de los consejeros regionales incluye autos, camionetas, acciones en empresas, depósitos en fondos de inversiones y suma más de $ 300 millones.

Claudio Acuña Le Blanc es el presidente del Consejo Regional (Core) y en su declaración de interés y patrimonio incluyó dos propiedades de $64 millones 142 mil 821 y $20 millones 369 mil 524 y un vehículo Nissan Primera de $3 millones 150 mil. Además declaró acciones en Chile Innova Consultores Ltda., desde el año 1998 por un valor corriente de $300 mil, se declara sin movimientos, y en Banchile Inversiones, desde el año 2015 por un valor corriente $17 millones 284 mil 766.

En pasivos o deudas registra un crédito hipotecario por $215 millones del Banco de Chile.

"Es necesario para la transparencia, sobre todo por que tomamos decisiones sobre los fondos públicos, es bueno separar lo privado de lo público, y es una forma de transparentar que nadie se enriquezca con plata pública", explicó Acuña.

El consejero Raúl Castro Letelier declaró un bien inmueble de $35 millones 760 mil 515 y dos automóviles, un Subaru Impreza de $1 millón y un Chevrolet Cruze de $5 millones. También tiene el 55% de Castro Cruz LTDA, estudio jurídico, con un valor corriente de $70 millones. El 30% en Maracuyá S.A. con un valor corriente de $80 millones. Y el 5% en Inmobiliaria Portezuelo S.A. con un valor corriente de $5 millones.

Además declaró tener derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas del canal de Azapa-Río Lauca y del Acuífero de Azapa. El año de resolución de las aguas superficiales son de 1989, y las subterráneas del 1990 y 1994.

En pasivos o deudas declaró un crédito hipotecario de $ 35 millones 176 mil 859 del Banco de Chile. Un crédito de consumo de $5 millones 132 mil 632 del Banco de Chile. Y una deuda indirecta con el Banco de Chile por $146 millones 646 mil 258 y en el Banco Itaú-Corpbanca por $151 millones 560 mil 284.

"Me parece bien, es bueno que cada uno manifieste lo que tiene, así se evita los conflictos de interés, yo declaré tener derecho de aprovechamiento de agua, soy pequeño productor agrícola, y en todo lo que tenga que ver con agua me tengo que restar", comentó Raúl Castro.

Giancarlo Baltolu Quintano no tiene bienes inmuebles ni bienes muebles. Sí declaró tener participación en sociedades. En Asesoría y Gestión SEP Ltda tiene un 55%, con valor corriente de $1 millón, el giro de la empresa es consultoría. En Servicios de Publicidad Giancarlo, tiene el 100%, con valor corriente de $8 millones, en Consultoría de Empresas Auditax, tiene el 70%, con un valor corriente de $700 mil y 50% en Sociedad Inversiones SyJ Sociedad, de giro inmobiliario, con un valor corriente de $50 millones.

En fondos APV de la emisora Consorcio tiene $1 millón 500. Y en deudas tiene un crédito de consumo de $14 millones del Banco Santander.

"Me parece excelente es lo que debería ser siempre", dijo Baltolu.

La consejera Dina Gutiérrez Huanca, declaró un inmueble de $4 millones 352 mil 893 y un Hyundai Accent con un avalúo fiscal de $800 mil. El diario contactó por teléfono a la consejera Gutiérrez para obtener su opinión sobre la Ley de Probidad y declaración de patrimonio de las autoridades, pero no contestó.

El consejero Juan PomaHuanca declaró un inmueble de $13 millones y un Mitsubishi Pajero con un avalúo fiscal de $1 millón 400. "Hay que transparentar lo que se tiene, le hace bien a la política", aseveró.

Ernesto Lee Vásquez y Mauricio Paredes Fierro declararon no tener intereses y patrimonio.

"No tengo nada. Y es bueno para transparentar para la política, antes era OTEC y lo congelé, porque ahora voy a destinar fondos, y para evitar conflictos lo hice, me parece bien que todo se transparente", dijo Lee.

"No tengo nada, el auto que uso es de mi hijo", comentó Mauricio Paredes. "Me parece excelente que cada uno diga que es lo que tiene, es importante saber qué tiene cada funcionario al entrar y al salir de su cargo, y es más importante en funcionarios que toman las decisiones sobre los fondos públicos", dijo Paredes.

El consejero Ovidio Santos Santos, declaró un vehículo Toyota Hilux con un avalúo fiscal de $3 millones, Gary Tapia Castro, un Honda Stream de $2 millones 400, y Roberto Erpel un Toyota Pass con un avalúo fiscal de $1 millón 800.

"Me parece muy bien que todos los que ocupen cargo públicos transparenten lo que tienen frente a la comunidad", comentó Santos.

Carlos Ferry Campodónico, declaró tener el 1% en Sociedad Comercial Ferry Hnos, el valor corriente de la empresa es de $3 millones. En Comunicaciones Cappissima Ltda, también tiene el 1%, y el valor corriente es de $20 millones. Y en el Club Deportivo San Marcos de Arica, tiene 20%, y el valor corriente es de $460 millones.

El inmueble declarado por él tiene un avalúo fiscal $146 millones, en Lo Barnechea, Santiago y el vehículo es un Mazda CX5, de $7 millones.

"Así es". Esa fue la respuesta vía correo electrónico del consejero Carlos Ferry sobre su declaración de interés y patrimonio, confirmando la información.

Los consejeros Arturo Gómez y Carlos Valcarce hicieron su declaración de interés y patrimonio, y "se entregó a la alta jefatura para su posterior envío", respondió Dánisa Chuquimia Bedoya, RR HH del Gobierno Regional.

Los consejeros regionales tienen una renta mensual de $1 millón 438 mil.

Intendenta y gobernadores

La intendenta Gladys Acuña Rosales, declaró un inmueble con una tasación fiscal de $28 millones 221 mil 338 y una camioneta Jeep Compass con un valor de $6 millones, y un depósito a plazo fijo de $6 millones del Banco Santander.

"Está normativa permite que la comunidad vuelva a tomar confianza de sus autoridades, por lo mismo, hemos mejorado el acceso a la información en la búsqueda de la probidad y de las buenas prácticas de todas las personas que desempeñamos cargos públicos la que esperamos que esta transparencia se tome con altura de miras", explicó la primera autoridad regional.

El gobernador de Arica, Ricardo Sanzana Oteiza, declaró un inmueble con una tasación fiscal de $23 millones 380 mil 831. También posee un 33% en Abogados Arica, y un 25% en Compañía Inmobiliaria Regional Ltda.

"Es fundamental la transparencia para todos, pero principalmente para quienes trabajan como servidores públicos. Hemos trabajado por mejorar el acceso a la información para todos, mejorando así nuestra democracia y permitiendo que la comunidad sepa exactamente con lo que cada autoridad ceunta, que hoy permite dejar fuera las malas prácticas y la omisión de información", dijo Sanzana.

Roberto Lau Suárez, gobernador de Parinacota, declaró un inmueble con una tasación fiscal de $11 millones 208 mil 299, una camioneta Land Rover de $3 millones 800, y una cuenta corriente de $7 millones del Banco Santander.

"La importancia de la Ley de Transparencia es que obliga a las autoridades a declarar su patrimonio, primero para prevenir fuertemente faltas, que afecten a la honestidad y rectitud; y segundo porque transparenta a las autoridades que ejercemos cargos públicos", comentó Lau.

El sueldo de la intendenta y gobernadores es grado 3, es decir $4.436.408, según la escala de remuneraciones publicada en el sitio web de la Contraloría, que se desglosan en sueldo base, asignaciones profesionales y por ser jefes superiores de servicio.

Diputados

El diputado Vlado Mirosevic Verdugo, declaró una propiedad con un avalúo fiscal de $ 16 millones 323 mil 758 y dos vehículos, un Peugeot 301 con un avalúo fiscal de $6 millones 580 mil y un Hyundai Porter de $1 millón 740 mil.

En deudas declaró un crédito hipotecario de $64 millones, y dos créditos de consumo de $ 5 millones 630 mil y $5 millones 530 mil, todos del Banco de Chile.

"Es un gran avance considerando a aquellos funcionarios públicos que están en cargos que resuelven sobre fondos y platas públicas que transparenten lo que tienen, y lo bueno es que se puede rastrear como entró y como salió desde el punto de patrimonio cada funcionario y autoridad", dijo el diputado Mirosevic.

En tanto el diputado Luis Rocafull declaró un automóvil Hyundai Tucson con un avalúo fiscal de $ 8 millones 750 mil y fondos de APV en Consorcio, desde el 31 de diciembre del año 2016, con un valor corriente de $23 millones 969 mil 726.

En deudas tiene un crédito de consumo del BBVA por $20 millones y deudas en tarjetas de créditos por $2 millones 819 mil 330.

"Me parece muy bien, somos funcionarios públicos hay que transparentar lo que cada uno tiene", dijo Rocafull.

La dieta líquida mensual de libre disposición de un diputado es de $6 millones 657 mil.

La declaración de intereses y patrimonios debe efectuarse dentro de los treinta días siguientes de la fecha de asunción y se debe actualizar cada año en marzo, según la Ley de Probidad.