Bastante agitado estuvo el día ayer para las familias de la denominada Villa el Solar de la Población Cerro Chuño. Durante la madrugada un grupo de 18 familias se instalaron con carpas, llevaron a sus hijos y algo de ropa al sitio eriazo de la Población Miramar (donde estuvo antes el campamento de Emergencia de la Población Guañacagua III).
Una de las dirigentes señaló que se tomaron el sector para evitar ser sacados por la fuerza pública. "Lo hicimos por nuestros niños. Ellos no entienden por qué tenemos que dejar nuestras casas. Solo queremos un techo por solo 20 días hasta que nos entreguen el bono. Necesitamos que nos arrienden y no nos discriminen por ser de Cerro Chuño. Es doloroso como nos cierran todas las puertas", expresó la dirigenta Katiusca Aravena.
Una vez conocida la noticia que los terrenos fueron tomados, llegaron los dirigentes de los sectores aledaños. Como el caso de la tesorera de la junta vecinal N°37, Norma Rodríguez, quien manifestó no estar de acuerdo que personas de Cerro Chuño se instalen en el sector.
Estaban en esos dimes y diretes, cuando les llegó la información que la Corte de Apelaciones decretó la orden de no innovar, lo que significa que, mientras se encuentre pendiente la tramitación del recurso de protección, las autoridades recurridas deberán abstenerse de ejecutar el desalojo.
Parte judicial
El recurso de protección fue presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de la Gobernación Provincial y Carabineros ante la Corte de Apelaciones de Arica.
La solicitud del INDH se funda en el incumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos relativos a desalojos forzosos, los que hacen énfasis en los costos humanos, es decir, en los perjuicios físicos y sicológicos que generan dichos procedimientos, especialmente sobre poblaciones vulnerables como son los niños y adolescentes; personas pertenecientes a pueblos indígenas, mujeres, y personas migrantes y refugiadas.
Qué significa
El jefe regional del INDH, David Bahamondes, explicó que la Corte no ha resuelto en el fondo el recurso, lo que ha hecho es darla orden de no innovar, es decir, suspender el desalojo mientras se resuelve ese recurso. Señaló que las autoridades tienen 8 días para informar; cuando se tengan todos los antecedentes se viene toda la tramitación y cada una de las partes presenta sus argumentos y la Corte resuelve.
Sobre esta resolución expresó: "Para el Instituto esto significa que la Corte ha tenido en cuenta los argumentos planteados por nosotros en que había un incumplimiento de estándares de derechos humanos relativos al desalojo y esto acarreaba un riesgo, daño físico y sicológico a las personas que iban a ser desalojadas. Estamos satisfechos por la resolución del día de hoy (ayer) de la Corte", expresó.
Asimismo explicó que afecta a los derechos humanos porque no existió una planificación para informar de una manera adecuada a los vecinos del desalojo, quienes tuvieron que vivir a diario con el temor que llegara la fuerza pública y los sacara y la falta de audiencias públicas para explicar los beneficios que les entregó el Gobierno.
El recurso señala que el desalojo afectaría aproximadamente a 397 viviendas, en cada una de las cuales habitan familias integradas en promedio por 4 personas (1600 personas aproximadamente), niños, adultos mayores con delicado estado de salud y migrantes.
