Carabineros de la Cuarta Comisaría de Chacalluta intensificaron las fiscalizaciones en el sector limítrofe, específicamente la frontera con Bolivia, a fin de evitar que salgan vehículos robados o de contrabando hacia el país altiplánico.

De hecho hace unos días se detuvo a dos personas de nacionalidad boliviana, en el paso fronterizo Portezuela Quilhuire, donde Carabineros del Retén Chilcaya incautaron dos vehículos cuyos conductores pretendían sacar de Arica con destino a Bolivia de contrabando.

Los extranjeros fueron sorprendidos tras un patrullaje preventivo por personal del destacamento fronterizo, cuando intentaban sacar los móviles al vecino país, evitando los pagos tributarios y a plena luz del día. Los autos incautados pasaron a disposición de Aduanas.

Cuando se paseaba por los alrededores del Complejo Fronterizo de Chungará, personal de la Sección de Investigación Policial SIP de la Cuarta Comisaría fiscalizó a un individuo chileno, el que se mostró inmediatamente nervioso.

Al ser revisada su cédula de identidad los carabineros de la SIP se percataron que el hombre estaba prófugo de la justicia con una orden de captura por quebrantamiento de condena, tras contar con beneficios.

Según los antecedentes, el hombre había sido condenado por estafar a 15 personas en Arica, con sumas que van desde los $6 millones de pesos.

El detenido fue trasladado directamente hasta la Cárcel de Acha, donde deberá cumplir los dos años de prisión que le restan.

El individuo tiene antecedentes por diversos delitos, tales como robo, tráfico de drogas, receptación y microtráfico.

Al momento de su detención el ciudadano chileno rondaba las inmediaciones de complejo Chungará, con las intenciones de salir a Bolivia en forma ilegal.

Como un "salto cualitativo desde el punto de vista de colaboración y participación" describió el director (s) del Hospital Regional de Arica Doctor Juan Noé, Doctor Domingo Barrientos, la firma del protocolo que se realizó junto al director regional de Gendarmería de Chile, coronel Juan José Navarrete Gamboa.

"Esto potencia un trabajo en conjunto de dos instituciones que pareciera no tuvieran mucha relación, pero donde hay una gran cooperación mutua", dijo el doctor Barrientos.

Por su parte, el coronel Juan José Navarrete, manifestó que "esto habla de un proceso de trabajo, de acercar procedimientos y optimizarlos para que fluyan de manera óptima en cuanto a la atención de los pacientes. Es la primera iniciativa que se lleva a cabo a lo largo del país".

Asociación ilícita, tráfico de drogas y porte de armas de fuego son los delitos por los que se está acusando a los 10 integrantes de una banda criminal ariqueña, para los que la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía está solicitando penas que suman 234 años de cárcel.

El juicio contra la banda, desarticulada en una operación que entre la Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos fue denominada "Barroco", partió ayer con la verificación de los alegatos de apertura, tanto del Ministerio Público, como de la Defensa, "y también se verificó la disponibilidad de los testigos y los peritos, por lo que están todos los elementos para iniciar el juicio y presentar las pruebas de la Fiscalía", dijo Francisco Ganga Dinamarca.

alex cuevas

La organización, según el acusador, era liderada por Alex Cuevas González y su padre Alex Cuevas Palma. Sin embargo, el primero de ellos fue asesinado a balazos el 21 de abril de 2015, en su domicilio de la Villa Pomerape, quedando a cargo de la dirección del grupo su progenitor, contra quien se pidió 30 años de cárcel, y su otro hijo Reinaldo, quien arriesga la misma pena.

Frente a los 234 años en total que está solicitando la Fiscalía para los 10 integrantes de la banda, el fiscal de la causa dijo que "lo que pasa es que aquí se acusó a los procesados por asociación ilícita, donde hay roles determinados, como un jefe, hay gente que representa a los mandos medios y otras que cumplían acciones más específicas en la organización y por eso estamos pidiendo penas que van de los 5 a 10 años y para las jefaturas y líderes entre 10 años y 15".

Agregó que "también acusamos a la banda por tráfico ilícito ya que el 18 de agosto del 2015 se incautó una importante cantidad de droga, 175 kilos de marihuana, y además de un kilo de cocaína clorhidrato, por lo que estamos pidiendo penas de 10 a 15 años".

También subrayó que " en esta causa y cuando se hicieron los allanamientos se incautó armas de fuego con variada munición, con elementos de seguridad, como chalecos antibalas, placas de la PDI, miras láser, y que son delitos que están sancionados por la Ley de Control de Armas, por lo que también estamos pidiendo penas".