El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó al ex Presidente Carlos Mesa como el vocero internacional de la demanda marítima de ese país contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Las declaraciones de García Linera se dan después de semanas de polémica por las públicas diferencias entre el Gobierno y el ex Jefe de Estado respecto del referéndum en que el Presidente de ese país, Evo Morales, perdió la posibilidad de optar a una nueva candidatura en 2019.

"Tenemos nuestros voceros para Europa, Estados Unidos y para el mundo. Siguen los ex Presidentes, el bloque marítimo boliviano, además de autoridades y ex autoridades, organizaciones sociales, todo en general se mantiene firme y no tiene por qué debilitarse", manifestó García al ser consultado por la continuidad de Mesa, según el diario La Razón.

Las diferencias entre Mesa y el Gobierno de Morales saltaron a la luz cuando el ex Mandatario boliviano criticó el referendo que buscaba una reforma constitucional que permitiría a Evo Morales repostular al cargo en 2019.

Las críticas

El vocero de la demanda marítima recordó al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, asegurando que "el Presidente Morales le debe mucho más de lo que él mismo se atreve a reconocer".

La postura de Mesa abrió un flanco de críticas desde el corazón del Ejecutivo boliviano, luego de que el vicepresidente García Linera señalara que "apoyarse en él (Sánchez de Lozada) no es nada gratificante. Ahí el señor Carlos Mesa cometió un lapsus que lo afecta, ya que Sánchez de Lozada es sinónimo de destrucción de la patria (...) Es un excelente comentarista de televisión, un excelente explicador de la causa marítima, pero como político, internamente, es un rotundo fracaso".

El vicepresidente altiplánico aseguró que tras la derrota oficialista en el referendo del pasado 21 de febrero, en Chile están "envalentonados" al conocer que el Presidente Evo Morales no podrá aspirar a la reelección.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió ayer la audiencia de revisión de salidas alternativas para los imputados del caso tsunami, que apunta a la suspensión de la indagatoria.

El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, comunicó a la jueza Carolina Gajardo el acuerdo alcanzado con las defensas, pero pidió también suspender la audiencia y fijar una nueva fecha y hora.

La nueva audiencia se realizará el 4 de abril a las 9 horas, oportunidad en la que las defensas comunicarán el acuerdo para cerrar la indagatoria, evitar ir a un juicio oral y la concreción de posibles condenas.

Lo anterior, debido a que, hay familiares de 17 víctimas que no habrían sido notificadas de las 104 en total, lo que es un requisito para resolver la suspensión condicional del procedimiento.

Saber del acuerdo

En la instancia se recalcó que existen 87 víctimas representadas por abogados querellantes, pero 17 tienen derecho a conocer este acuerdo logrado por el Ministro Público.

Antes de terminar la audiencia de ayer se registraron algunos incidentes en la sala del Centro de Justicia, porque familiares de víctimas criticaron la posibilidad de llegar a un acuerdo que suspenda el juicio oral sin antes escuchar a los involucrados.

Julia Rojas, madre de Claudio Ponce, uno de los fallecidos por la fallida alerta de tsunami, interrumpió la audiencia para exclamar "basta de burlas, todos tenemos derechos".

"Yo hablo de derechos humanos, ellos hablan de plata, ellos interesan cuidar las arcas", agregó al finalizar la jornada. "Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias. Si es posible ir a la corte extranjera, porque esto no va a quedar así", dijeron otros familiares.

El acuerdo

En el acuerdo se estipula que el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett y los marinos del SHOA (repartición de la Armada encargada de levantar las alarmas) Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que pagar una indemnización total de $ 245 millones, leer una carta a las víctimas y financiar un seminario sobre este tipo de emergencias.

"¿No parece sospechoso que un señor que lleva 45 días en el cargo, después de seis años de haber invertido recursos del Estado, US$5 millones del Estado, llegue a esta solución abiertamente injusta para las víctimas?", dijo el abogado Raúl Meza, querellante en la causa.

17 familiares de víctimas de un total de 104 no fueron notificadas de la suspensión de la indagación.