A los 94 años murió el general (R) Sergio Arellano Stark, sindicado como el líder de la denominada "Caravana de la Muerte", comitiva militar que recorrió el país tras el golpe de Estado de 1973. El ex uniformado falleció este martes en una casa de retiro donde estaba internado.

Arellano fue designado como "delegado de la Junta Militar de Gobierno", cargo con el que visitó centros de detención a lo largo del país en los que se encontraban los prisioneros políticos.

La comitiva viajó a Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Linares, Cauquenes y Valdivia, donde habría provocado la muerte de 75 personas.

El oficial en retiro fue sometido a proceso y en 2008 fue condenado a seis años de presidio efectivo por el homicidio de cuatro personas, en el llamado "episodio San Javier", donde fueron ejecutados los prisioneros Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez.

Junto con Arellano Stark, por ese caso fueron condenados Carlos Romero Muñoz, José Parada Muñoz y Julio Barros Espinace.

Sin embargo, a fines de ese año el Servicio Médico Legal determinó que Arellano sufría de demencia tipo mixta o multifactorial del tipo crónica e irreversible, producto del Alzheimer que lo aquejaba.

Finalmente, en 2015 la Corte Suprema confirmó su sobreseimiento por demencia.

Carmen Hertz, abogada de derechos humanos y esposa de Carlos Berger, víctima de la "Caravana de la Muerte", lamentó que Arellano Stark haya "muerto en la impunidad".

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó ayer al ex senador del PS, Carlos Ominami, y al ex gerente de SQM, Patricio Contesse, por presuntos delitos tributarios e infracciones a la ley de donaciones en el caso SQM. Para el también ex ministro de Economía decretó la medida cautelar de arraigo nacional, mientras que para el ex ejecutivo de la minera no metálica mantuvo el arresto domiciliario total que registra desde su primera formalización.

La jueza Emma Tapia afirmó que "existen antecedentes que justifican la existencia del delito". La defensa de Ominami se opuso al arraigo argumentando que el ex senador "realiza múltiples actividades en el extranjero".

Tapia desestimó aplicar firma quincenal en contra del ex ministro, debido a que "me hace falta un autor directo y existe la posibilidad que el delito se encuentre prescrito".

La Fiscalía le imputó a Ominami la realización de presuntas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, maniobras para aumentar el monto de créditos IVA y utilizar en forma maliciosa facturas o documentos falsos. A estos delitos el SII sumó una querella por presuntas infracciones a la Ley de Donaciones.

"No he entregado ninguna boleta. No he emitido ni facilitado la emisión de ninguna boleta. No soy contribuyente de IVA. No me he concertado maliciosamente con nadie. Vamos a defender mi inocencia hasta el final, no estamos dispuesto a ningún tipo de salida alternativa", dijo el ex senador.

La acusación

Los fiscales explicaron que Ominami, a través de la empresa "Alerce Talleres Gráficos", emitió a SQM "ocho facturas por $ 178 millones 500 mil, que resultaron ser ideológicamente falsas".

Según el Ministerio Público, Ominami se reunió con Contesse en 2009 para pedir financiamiento para su campaña senatorial por $ 150 millones "que se pagó parcializada en cuotas. Para concretar los aportes Ominami habría instado a Milton Lee, propietario de la imprenta "Alerce Talleres Gráficos" que le prestara el giro de su empresa, para lo cual Ominami le habría solicitado que emitiera boletas a nombre de SQM, dando cuenta de servicios que jamás se prestaron".