Luego de darse a conocer el fallo del caso de "los desechos mineros en el sector de los Altos de Copaquilla", líderes sociales apelaron a los medios de comunicación señalando el hecho como injusto.

"No aceptamos el fallo, porque consideramos que no han cumplido con tratar de solucionar esa situación".

La delegación, constituida por la Coordinación de la Defensa de los Recursos Naturales, la Coordinación Regional de Conflictos Socioambientales, la Fenapo, la Red de Acción por los Derechos de la mujer y el Colegio de Profesores, expresó el rechazo ante la respuesta del Tribunal Ambiental.

Dijeron que es una muestra de que la comunidad está desprotegida y en desigualdad de condiciones, dado que el fallo dice que la comunidad no pudo comprobar la contaminación ni los organismos públicos fueron capaces de demostrar que no la hay.

Por un lado "preparar una prueba ambiental tiene un costo que varía entre 10 y 20 millones de pesos. No es justo que lo tengamos que asumir nosotros, porque el Gobierno es el que tiene la plata de todos chilenos".

Agregaron que el Gobierno no reconoce otro medio de prueba que no sean los mismos organismos públicos :"si llevamos otra, nos dicen que no cumplen con los protocolos. Pero tampoco nos facilitan el mecanismo de probación para evidenciar el daño".

MUNICIPALIDAD

Si bien el alcalde de Putre, Angelo Carrasco, se ha hecho parte de la demanda desde junio de 2013, no sucede así con el alcalde de Arica.

"Aunque está en el informe de Superintendencia Sanitaria que el arsénico está en estado crítico, y que también afectaría a la comunidad de Arica, Salvador Urrutia no se adhiere, lo que nos muestra indiferencia ante los efectos que eso tiene con la comunidad de Arica", manifestaron. J