El anuncio de 'cajero detonado, cajero multado' es la nueva acción del Gobierno, buscando fórmulas para evitar que continúe la ola de saqueos a estos dispensadores, ahora, con la técnica de 'saturación por gas'. Si bien la acción en sí es nueva, responde al Decreto Nº 222 del Ministerio del Interior de marzo del año pasado, que ya buscaba establecer normas de seguridad elementales para los cajeros automáticos.
Estas medidas, que se han ido implementando progresivamente, comienzan a ser exigidas de manera perentoria hoy por el Gobierno. Los dispensadores que sean detonados sin cumplir con las normas de seguridad y disuasivas dispuestas por el Estado, serán sancionados con una multa cercana a los 40 millones de pesos.
Entre las obligaciones que deben tener estos dispensadores están el contar con un sistema de ventilación que evite la saturación por gas, cámaras de vigilancia, monitoreo en línea y alarmas, además, de la protección adecuada de anclaje y blindaje para no sucumbir a otros métodos de robo. Las acciones de delincuentes están llevando a que el Estado tenga que exigir a la banca nuevas medidas de seguridad, o más bien, acelerar el cumplimiento de las que se habían dispuesto en 2013.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) no dio una respuesta inmediata a este imperativo. Lógicamente se podría entender que la banca es la más interesada en asegurar la integridad de estos dispensadores. A eso se suma el imperativo de la seguridad pública y el resguardo a la población y las instituciones.
Este hecho pone de frente la responsabilidad ante los hechos. Es legítimo que la banca cumpla con aquellas acciones razonables para evitar y disuadir a los delincuentes, pero también, el Estado debe intensificar su trabajo en la misma dirección. Es un tema que involucra a todo el país, que también debería llamar a un análisis legislativo, porque hasta el momento, las penas por los intentos a robos de cajeros no son disuasivas, y la principal tarea no sólo puede quedar en manos de los mismos afectados.