La discusión ambiental en nuestra región comienza a ganar más y nuevos espacios, especialmente después del fallo de la Corte Suprema respecto al proyecto minero Los Pumas. Hace unos días, el máximo tribunal revocó la medida cautelar impuesta por la Corte de Apelaciones de Arica, lo que no significó que se diera vía libre a esta inversión, sino que más bien, se debía seguir un nuevo curso con las reclamaciones interpuestas por las comunidades que se sienten afectadas.

La determinación de la Corte apunta a la competencia de los tribunales ambientales para pronunciarse respecto a la Resolución de Calificación Ambiental y la revisión de los recursos interpuestos en torno al proyecto de manganeso que se busca construir en la zona. Mientras estas inquietudes no se resuelvan, Los Pumas no podrá iniciar sus operaciones.

Esta semana, el Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier visitó la región en el marco de la presentación del primer libro en Chile de la Biodiversidad Terrestre de la Región de Arica y Parinacota, y en la oportunidad, aprovechó de confirmar el rigor con el que actuará el Estado en la revisión de proyectos mineros.

La tarea que tendrá este Gobierno y que debe mostrar el Estado de Chile en general, es mayor. En repetidas oportunidades se ha hablado de lo sinuosa que ha sido la institucionalidad ambiental, la que tuvo este año con Hidroaysén uno de sus episodios más evidentes, luego de dos posturas distintas con dos comités de ministros correspondientes a administraciones diferentes.

Casos como Pascua Lama, Agrosuper, el mismo Hidroaysén y Punta Alcalde, entre otros, dan cuenta de la necesidad de establecer claras reglas en los procesos de calificación ambiental, en donde los parámetros técnicos sean los que efectivamente primen, y en donde las empresas sean capaces de presentar acciones concretas para evitar impactos negativos en el medio ambiente.

Es por eso que se espera que este tipo de análisis y calificaciones respondan así a una política ambiental rigurosa, sólida y especialmente consolidada.