El gobierno ha decidido plantear una reforma al sistema electoral para terminar con el mecanismo binominal en la elección de diputados y senadores, y reemplazarlo por un sistema proporcional. La propuesta es que la Cámara de Diputados quede compuesta por 155 representantes y el Senado por 50, con lo que se suman 47 parlamentarios adicionales. En el caso de la región de Arica y Parinacota, se proponen dos senadores y tres diputados.

Especialmente compleja es esta reforma, si se considera que serán los propios parlamentarios los que se encargarán de debatir un tema que les involucra en forma directa, a ellos y a sus partidos.

El sistema binominal está vigente desde los años 90. Una de sus falencias es que resulta muy difícil que una misma coalición logre elegir a sus candidatos en dos escaños, lo que traslada la competencia al interior de cada pacto. Si bien es cierto que este mecanismo dio gobernabilidad al país tras el período de transición política, con la formación de dos grandes coaliciones, se señala con frecuencia que cumplió su ciclo y a la vez ha perdido legitimidad en la opinión pública.

No obstante, sería injusto adjudicar al binominal todos los problemas de la falta de participación de la ciudadanía. Más bien, estas razones hay que buscarlas en el descrédito en el que han caído los propios políticos, preocupados más de la guerrilla verbal, que de abordar los problemas de fondo. Se recordará que hace unos años se planteó como la gran solución el sistema de inscripción automática y voto voluntario, que finalmente acentuó la apatía del electorado.

El proyecto de ley que se empieza a discutir enfrentará algunos desafíos. Deberá convencer a una opinión pública que no ve con buenos ojos el aumento del número de parlamentarios y que cree que esto representará un gasto fiscal adicional y sin justificación. También deberá sortear las críticas a su centralismo, ya que cerca del 40% de los nuevos parlamentarios serían elegidos por los votantes de Santiago. Y, finalmente, tendrá que demostrar que no hay un intento por cambiar el binominal a cualquier costo, sino convencer a la ciudadanía que es lo mejor para fortalecer la democracia.