l Un convenio, que permitirá desarrollar en conjunto un proyecto para fortalecer el desarrollo de habilidades emprendedoras e innovadoras de los alumnos, firmaron la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota (Cordap) y el Liceo Politécnico Antonio Varas de la Barra. Comprenderá talleres de aprendizaje, charlas motivacionales y concursos de emprendimiento e innovación. J
l Las niñas y niños del Servicio de Pediatría del Hospital Doctor Juan Noé recibieron la visita de un equipo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Tarapacá, que realizó, en forma inédita, una actividad de cuentacuentos con el fin de celebrar el Día Internacional del Libro. Claudia Ljubetic compartió relatos con ocho pequeños hospitalizados y sus padres, lo que fue acompañado por una función de magia y la entrega de obsequios para fomentar la lectura. J
Fichas de Protección Social (F.P.S.) guardadas en cajas desordenadas y deterioradas al interior de un vehículo donado por el Gobierno Regional de Tarapacá y estacionado en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) detectó la Contraloría Regional en su informe final N°4 de 2014, denominado "Programas y Ficha de Protección Social en la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social".
La investigación tuvo por objeto verificar que la información contenida en las Fichas de Protección Social de funcionarios públicos y municipales que recibieron beneficios durante los años 2010 y 2011 fuera fidedigna y que se haya efectuado acorde a la normativa vigente. La auditoría tomó como muestra a 11 funcionarios de la Región de Arica y Parinacota, totalizando beneficios entregados que ascendieron a $35.375.417.
En su informe, la Contraloría detectó el extravío de encuestas hechas a los beneficiarios. Al respecto, el entonces director de la Dideco, Eduardo Piñones, mediante oficio ordinario N° 3.981, de 10 de diciembre de 2013, informó que dicho expediente no fue hallado, debido a que muchas fichas no poseían folio, agregando que es posible que esos documentos se encuentren entre las 3 mil fichas incautadas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante el período en que Carlos Valcarce ejercía como alcalde.
De esta forma, se comprobó que la municipalidad no cuenta con un mecanismo de control respecto a la documentación que respaldaba.
Respecto a las medidas de control frente a situaciones de parentesco entre encuestador y encuestado, se verificó que la municipalidad de Arica no contaba con procedimientos formales para evitar presuntos conflictos de interés, tanto de jerarquía laboral como de parentesco, entre los funcionarios municipales que tomaban las encuestas y aquellos a los que se les aplicaba.
Respecto al nivel educacional, la investigación verificó que tres personas declararon, en sus respectivas fichas, tener un nivel educacional distinto al validado por la Contraloría Regional mediante la consulta en el Sistema de Administración de Personal del Estado (Siaper). El ex seremi de Educación, en su respuesta, manifestó que en noviembre de 2011 se realizaron 32 denuncias al Tercer Juzgado de Policía Local sobre inconsistencias entre lo informado en la Ficha de Protección Social y la base de datos del Ministerio de Educación, respecto de la escolaridad de los encuestados.
Asimismo, esa secretaría regional agregó que dichas denuncias fueron puestas en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.
En la auditoría se determinó que existen funcionarios o sus respectivos grupos familiares, que declararon pertenecer a pueblos indígenas, específicamente vinculados a la comunidad aymara. Sin embargo, de acuerdo al ordinario N° 280, de 24 de octubre de 2013, la ex directora regional de la Conadi informó a la Contraloría que esas personas no aparecen acreditadas en sus registros internos con tal calidad.
Dicho informe también se refiere a la situación laboral de los encuestados. De acuerdo al examen efectuado, se observaron incongruencias en la información registrada en la ficha aplicada por la Municipalidad de Arica.
Respecto a la utilización de viviendas adquiridas con el subsidio habitacional, otorgado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), la Contraloría efectuó visitas a las viviendas, encontrando - por ejemplo - que personas que recibieron el beneficio en agosto del 2010, por 200 UF, equivalentes a $ 4.384.638 en esa época, no habitaban en las casas que les fueron entregadas, estando en su lugar un arrendatario, quien señaló que por más de un año y medio se encontraba en esa situación.
En su repuesta, el Serviu aclaró que la prohibición recae en la enajenación y no en el arriendo del bien.
El informe señala que la Municipalidad de Arica y la Seremi de Desarrollo Social no firmaron convenios desde junio del 2011. Según lo que indica la auditoría de la Contraloría, el 20 de julio de 2011 se invitó a los encargados municipales para firmar el convenio, pero su respuesta fue negativa.
Esto debido a que en abril de 2012 la municipalidad ariqueña enfrentó problemas judiciales que significaron la detención del alcalde, concejales y otros funcionarios de la corporación edilicia, por lo que no se pudo celebrar el convenio en esa fecha. J