El opositor venezolano Henrique Capriles denunció ayer que se han registrado abusos sexuales y golpes de electricidad contra los estudiantes detenidos tras las manifestaciones por parte de los organismos de seguridad nacional.

"¡Qué tienen éstos en la cabeza que hacen estas cosas!, ¿Qué es lo que quieren?, ¿Una guerra civil en este país?, ¿Qué aquí se desate la violencia?, ¿Quién gana en esto?", señaló Capriles en una conferencia de prensa.

Según el líder opositor, algunos estudiantes tienen fracturas en su cuerpo y han denunciado haber sido torturados con electricidad. Además, vecinos aseguran que la Guardia Nacional ha lanzado gases lacrimógenos a las viviendas y perdigones.

Por esta razón, "exigimos que cese la represión brutal a la que han sido sometidos los manifestantes", dijo.

El gobernador de Miranda fustigó al Gobierno nacional: "no vamos a estar bajo amenazas o chantajes. Nos dijeron que si no vamos a una reunión (con Maduro) no nos van a dar los recursos". Además, desafió al Mandatario a mostrar las pruebas del supuesto plan de golpe de Estado. "Los golpes de Estado no lo damos los civiles, lo dan los militares. Los civiles creemos en la democracia", enfatizó.

Un tribunal de Caracas confirmó ayer la prisión preventiva para el líder opositor, Leopoldo López. Fuentes del partido que lidera López afirmaron que fueron confirmadas las acusaciones de incendio y daños, y las de asociación para delinquir e instigación. Además informaron que el dirigente continuará en la penitenciaría militar de Ramo Verde por al menos 45 días más. López se entregó el martes a las autoridades del gobierno venezolano.

"Termina la audiencia. Ratificada medida privativa de libertad. El cambio está en cada uno de nosotros. No se rindan. Yo no lo haré", apareció en las cuentas de Twitter de López y de su esposa Lilian Tintori, tras la decisión.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor del líder opositor, había rechazado por la tarde la decisión de la magistrada Dalenys Tovar, encargada del caso, de realizar la audiencia de presentación en la penitenciaría militar en lugar de en el Palacio de Justicia de Caracas, al considerarlo "irregular" y una "lesión constitucional". J